Crímenes de la dictadura

La tiranía que mató a Gallego

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El 47 aniversario de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego transcurrió con actividades conmemorativas en la provincia de Veraguas, la publicación de varios artículos de opinión y las declaraciones de su hermana, Edilma, acerca de los restos encontrados en el antiguo cuartel de Tocumen, los cuales, según evidencias compiladas, corresponden al religioso ( La Prensa, 10 de junio). Estas y otras osamentas halladas en 1999 recibieron de las autoridades un tratamiento irresponsable, sospechoso y violatorio de los derechos humanos, como correctamente lo ha señalado el Dr. Miguel Antonio Bernal ( El Siglo, 12 de junio de 2017).

La noche del 9 de junio de 1971, un escuadrón del grupo militar llamado “Machos de monte”, obedeciendo órdenes de Omar Torrijos, secuestró al padre Héctor Gallego. Este crimen de lesa humanidad (así está tipificada la desaparición forzada en el Derecho Penal Internacional) es indicio de los niveles de brutalidad y arbitrariedad de un régimen que desde sus inicios se acostumbró a perseguir, torturar y matar a sus adversarios.

A mediados de 1971, ese régimen ya había asesinado al abogado Rubén Miró Guardia, al dirigente ngäbe Tomás Palacios Salinas, al líder obrero José del Carmen Tuñón, a la estudiante Dora Ceferina Moreno, al activista universitario Floyd Britton, a muchos héroes panameñistas en Chiriquí y a decenas de compatriotas, como lo recordó, en estas mismas páginas, el Dr. Carlos Iván Zúñiga, en su excelente columna “La memoria civilista” (16 de junio de 2007).

Otros tantos panameños padecían los dolores del exilio, como el periodista y gran nacionalista Leopoldo Aragón Escalona, quien el 7 de septiembre de 1977 se inmolaría frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Estocolmo, Suecia, en protesta por el entreguista tratado de neutralidad Torrijos Carter, firmado en esa fecha por el gobierno estadounidense y la dictadura militar.

Luego de la desaparición del padre Gallego, la tenebrosa tiranía de Torrijos y su torturador principal (Noriega) enfrentó la repulsa generalizada.

Por primera vez desde el cierre de la Universidad de Panamá (diciembre de 1968), el 18 de julio de 1971 se llevó a cabo una masiva protesta frente a la iglesia del Carmen, en la ciudad capital. A pesar del miedo imperante, de las gargantas dolidas e indignadas del pueblo, salió la acusación terrible contra el peor gobierno que registra nuestra historia: la dictadura de los militares , y eventualmente, el PRD, creado en 1979 para perpetuar ese régimen de ignominia, latrocinio y maldad.

Ante el gran descontento ciudadano, la maniobra de la tiranía se basó en el encubrimiento, la distorsión y la persecución. El Ministerio Público, sometido a los jenízaros, amañó el proceso y sus personeros intentaron confundir a la población con mentiras y falsedades, a las que los medios de comunicación, adscritos a los cuarteles, daban amplia cobertura.

La dictadura se dedicó a perseguir a los seguidores del sacerdote e, incluso, apresaron a jóvenes cristianos, amigos del cura mártir. Con miras a desinformar –como bien lo ha señalado la Dra. Brittmarie Janson Pérez en su meritísima obra Panamá protesta–los militares y sus secuaces civiles empleaban medios censurados y manipulados, a cargo de seudo periodistas emplanillados. Para sorpresa de quienes conocen sus andanzas, algunos de estos seudo periodistas aún se mantienen vigentes en esta época supuestamente democrática.

Las investigaciones por el abominable crimen contra Héctor Gallego se mantuvieron suspendidas por el resto de la tiranía de Torrijos, Paredes y Noriega, a pesar de que miembros de la Iglesia Católica –entre ellos, el obispo Martín Legarra–no dejaron de exigir su esclarecimiento.

Tras la instauración de la democracia, una de las primeras medidas del presidente Guillermo Endara Galimany fue quitarle el nombre del tirano al parque de la vía Porras y ponerle el del padre Gallego, en conmemoración de un sacerdote dedicado a promover el reino de Dios y su justicia entre los oprimidos. Ahora que solo falta oficializar el hallazgo de los restos del sacerdote, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, convendría que el actual gobierno panameñista, próximo a concluir su mandato, siga el ejemplo del presidente Endara y elimine, como se hizo en España, todos los símbolos de una cruel dictadura que dejó entre nosotros un legado de perversidad, corrupción y crímenes de lesa humanidad.

El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.

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