Más allá del debate, la gestión del material acumulado es una oportunidad crítica para mitigar riesgos ambientales y generar empleos a corto plazo.
Si la decisión del Órgano Ejecutivo es avanzar en el procesamiento del material acumulado en la mina Cobre Panamá, conviene mirarla con pragmatismo y sin dogmas. La movilización de equipos, la contratación de mano de obra y la demanda de servicios y productos pueden generar actividad económica inmediata en un contexto de desempleo oficial del 9.5% en 2025, con efectos directos sobre comercios, proveedores locales y las comunidades aledañas al proyecto minero.
La medida no es una solución definitiva; puede, sin embargo, reducir pasivos ambientales y activar empleo en plazos relativamente breves. El cierre previo de la operación tuvo un impacto severo: cerca de 40,000 puestos de trabajo se perdieron, entre empleos directos e indirectos, según estimaciones del sector; ese antecedente explica la urgencia de evaluar opciones de rápida implementación que ofrezcan resultados tangibles.
La desconfianza pública es legítima; la ciudadanía debe exigir información clara sobre cronogramas, empleo generado y resultados para asegurar que los beneficios se den de forma apropiada. La fiscalización por parte de las autoridades competentes y de la sociedad civil, mediante métodos basados en ciencia, tiene un rol fundamental. Se trata de un tema de alta sensibilidad nacional; no puede darse cabida a decisiones ajenas al análisis de datos primarios y a criterios científicos.
En términos económicos, la movilización de recursos produce un efecto multiplicador inmediato: salarios que se gastan en la economía local, proveedores que recuperan flujo de caja y pequeñas empresas que vuelven a operar. En un escenario de urgencia, esos impactos son importantes y deben aprovecharse con sensatez.
Si la ejecución demuestra impactos tangibles —empleos formales, movimiento real de proveedores locales y controles ambientales efectivos—, la medida habrá tenido sentido. Evaluar las acciones por sus efectos y exigir transparencia es la postura responsable que la situación del país demanda.
El autor es empresario y comunicador. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera de Panamá (APIMPA).
