Históricamente, en la gestión estatal se percibe una falta de planificación coordinada del ciclo del agua, el trabajo en silos de las instituciones responsables, procesos burocráticos con altos costos de transacción, falta de buenas prácticas de gobierno corporativo y la intervención política. En el mundo, el tema es sumamente complejo de resolver por las múltiples aristas y agendas de los grupos de interés involucrados.
Un reciente reporte sobre el estado de los sistemas de agua para consumo, saneamiento e higiene, publicado por ONU, UNICEF y OMS¹, expone hallazgos clave de 105 países y territorios participantes, entre los que destacan:
El 90% de los países tienen políticas y planes, pero apenas el 13% cuenta con suficientes recursos humanos y financieros para implementarlos.
El 64% de los países posee diferentes instituciones del gobierno con roles y responsabilidades traslapadas total o parcialmente.
La mayoría de los países tiene una agencia líder para agua potable en zonas urbanas, y solo el 9% reporta no tener una agencia designada para saneamiento rural.
El 69% de los países reporta un nivel de servicio dentro de su meta de agua potable en zonas urbanas y el 53% en zonas rurales; el 65% de cobertura para saneamiento en zonas urbanas.
El gasto agregado anual (Capex + O&M en 58 países) fue de USD 34 per cápita en promedio, con tendencia al alza para equiparar el crecimiento de la población, equivalente a 0.83% del PIB promedio (rango de 1.35% en países de bajo ingreso y 0.50% en los de alto ingreso).
Tras casi 21 meses de gestión del nuevo gobierno, es justo destacar los ingentes esfuerzos realizados, que han dado como resultado la recuperación de proyectos de infraestructura necesarios y largamente esperados, dejados en abandono por falta de financiamiento o por litigios contractuales o burocráticos. Otras acciones están enfocadas en actualizar instalaciones esenciales para un servicio de agua potable a niveles medianamente confiables. No obstante, la ciudadanía percibe poco avance en materia de transformación institucional de los principales entes responsables de que el agua y el saneamiento lleguen a todos.
En momentos en que el Ejecutivo se enfoca en temas relevantes como la consolidación del sistema de salud, la reforma educativa y el destino de la concesión portuaria de PPC y el proyecto minero, vemos que la ventana de oportunidad para someter una propuesta de transformación de la gobernanza e institucionalidad del subsector de agua potable y saneamiento del país se está cerrando. De ahí la importancia de iniciar cuanto antes acciones de reestructuración, con paso firme.
Es claro que la causa raíz que limita la gestión integrada de los recursos hídricos y la capacidad de ejecución de las entidades responsables para dar respuesta a las crecientes demandas de un buen servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario es, sin duda, la debilidad y fragmentación institucional.
La realidad en Panamá
Panamá no escapa a estas realidades y exhibe problemas similares de gobernanza, cobertura de servicios básicos de agua y saneamiento y de gasto agregado anual.
Contamos con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 (PNSH), adoptado mediante resolución de gabinete N.º 114 de 23 de agosto de 2016, así como el Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PAGIRH 2022-2026), desarrollado por MiAmbiente.
Panamá también adolece de suficientes recursos humanos y financieros para lograr los cinco objetivos establecidos en el PNSH. Tras 10 años de existencia, estos objetivos siguen vigentes.
Más de 15 instituciones poseen roles y responsabilidades traslapadas total o parcialmente y, como es usual, cuando hay varios responsables, nadie es responsable. La condición empeora al no contar con el ente responsable de forzar la coordinación interinstitucional (CONAGUA), hoy en acefalía.
Al igual que la mayoría de los países, Panamá cuenta con el IDAAN como agencia líder para agua potable en zonas urbanas, y con la DISAPAS del MINSA para saneamiento rural.
A partir de datos oficiales del Censo 2023 del INEC, se deduce que el 10% de la población no tiene acceso a agua potable gestionada al menos en un nivel básico, y el 17.1% de las viviendas ocupadas posee letrinas o no cuenta con servicio sanitario, principalmente en zonas rurales o periferias urbanas.
Según un diagnóstico de la CEPAL, el gasto agregado anual de Panamá en 2021 fue de 0.31% del PIB, o USD 45.7 per cápita, el más alto de la región (que promedió USD 12.5 per cápita).
De acuerdo con la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe deberían invertir 1.38% del PIB anual entre 2020 y 2030 para cerrar la brecha de agua y saneamiento. Según esta recomendación, Panamá debe invertir cerca de USD 1,120 millones por año en infraestructura hídrica para aumentar la capacidad, continuidad y calidad del servicio, y cubrir en 10 años la creciente demanda.
Y la pregunta es: ¿qué institución tiene la capacidad de ejecutar, con transparencia y eficacia, un ambicioso programa de megaobras como este? ¿Bajo qué modelo de toma oportuna de decisiones? ¿Con qué régimen de compras y contrataciones? ¿Qué sistemas de control interno, auditoría y rendición de cuentas?
Todo plan que pretenda utilizar el actual modelo institucional, con seguridad producirá los mismos resultados insuficientes de siempre. De ahí que una nueva empresa estatal debe adoptar y adaptar el modelo administrativo, el sistema de administración de riesgos y los sistemas del Canal de Panamá, que por más de 25 años han demostrado ser eficaces frente a fluctuaciones políticas.
La gobernanza del ciclo del agua
Es primordial elevar la gobernanza del ciclo del agua como un tema de seguridad nacional, impulsando reformas que den como resultado un nuevo contrato social, amparado en un marco regulatorio y un modelo de gestión estatal con un nuevo operador con autonomía administrativa, independencia financiera y blindaje frente a agendas políticas.
Este modelo debe concentrar la responsabilidad en un solo ente encargado de la gestión eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como del manejo científico de las cuencas hidrográficas, para garantizar la cantidad y calidad del recurso hídrico.
La nueva entidad —que podría iniciar bajo la figura de una empresa S.A., con el 100% de su capital accionario en manos del Estado— debe regirse por buenas prácticas de gobierno corporativo, con una Junta Directiva autónoma y decisiones basadas en criterios técnicos, socioeconómicos y de servicio público.
Asimismo, debe contar con alta capacidad de ejecución presupuestaria y ajustes tarifarios responsables que garanticen sostenibilidad financiera, cumpliendo los cuatro principios básicos de un servicio público: cobertura, calidad, eficiencia y autosuficiencia. Ninguno puede lograrse sin los otros.
El autor es ingeniero electromecánico y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua.
