Recientemente, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que todos los caminos conducen a la cobertura universal de salud, que este es un derecho humano, y es la máxima prioridad en la OMS. Agrega el director que la cuestión clave es ética y se pregunta: ¿Queremos que nuestros conciudadanos mueran porque son pobres? ¿O millones de familias empobrecidas por gastos de salud catastróficos porque carecen de protección de riesgo financiero? Y remata sus reflexiones afirmando que lograr la cobertura universal de salud es en última instancia una elección política. Comparto plenamente tales declaraciones y añado que este gobierno tiene que tomar esa decisión política, superando el discurso y la promesa incumplida. Veamos...
Al inicio de la gestión actual, nuestro país, representado por los delegados del Minsa en el Consejo Directivo 53 de la Organización Panamericana de la Salud, se comprometió a desarrollar la “Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”. Al regresar de esa reunión, queriendo ser coherentes con la responsabilidad adquirida, las autoridades de salud redactaron una hoja de ruta para avanzar, en la cual se comprometían a ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas y las comunidades; fortalecer la rectoría y la gobernanza; aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia; y fortalecer la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.
Como si lo anterior no fuera suficiente, adoptamos en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reiterando el compromiso de “lograr cobertura universal de salud, incluyendo protección de riesgo financiero, acceso a servicios esenciales de salud de calidad y acceso a medicamentos esenciales y vacunas, seguros eficaces, de calidad y asequibles para todos”.
Hay una coincidencia positiva de profesionales idóneos liderando el sector salud que podrán sentar las bases para avanzar hacia la construcción del anhelado sistema único público de salud, que responda de forma equitativa, eficiente, oportuna y continua a las necesidades de la población. Analicemos los progresos en la transformación anunciada hace tres años.
Nuestro gasto público en salud como porcentaje del PIB, así como el gasto público en salud per cápita, han aumentado sostenidamente en los últimos años, llegando a niveles suficientes para alcanzar los resultados en salud que deseamos.
No obstante, la distribución de esta inversión per cápita en salud ha sido desigual, como lo demuestran las estadísticas disponibles.
Está pendiente la distribución equitativa de recursos humanos, la optimización y transparencia de procesos, en especial las compras de todo tipo, sobre todo las de medicamentos e insumos críticos. Esto limita el acceso a los servicios de salud y se hace evidente al analizar las listas de espera en las instituciones públicas del sector y las frecuentes quejas por establecimientos públicos de salud con serias deficiencias estructurales e inaccesibles. Tampoco son raras las quejas de pacientes por la forma desinteresada y, lo peor, deshumanizada como son tratados en las instituciones públicas.
El Minsa ha identificado los factores críticos que afectan su capacidad y ha formulado un plan para superarlos. Hagamos votos por su cumplimiento exitoso, pues la rectoría efectiva constituye un elemento fundamental para la conducción del sistema de salud.
Al final, y lo más importante, nos queda el espinoso asunto de “fortalecer la coordinación intersectorial”.
Es sabido que el Ejecutivo cuenta desde hace más de dos años con la excelente propuesta que le entregara la Mesa de Diálogo por la Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral. A partir de la identificación de los problemas relevantes que existen en el sistema, se definen en el documento dos ejes de trabajo, que son el eje intersectorial para el abordaje de los determinantes de la salud, y el eje institucional para todos los elementos priorizados del sistema institucional, el cual actualmente soporta todos los problemas de la oferta de la provisión de servicios que están afectando a la población demandante. Se formulan lineamientos para la interrelación y el desarrollo de ambos ejes dentro de un solo modelo de gestión y provisión de servicios integrales, que se espera implementar por etapas, para ir cambiando progresivamente el rumbo actual de nuestro sistema, hasta lograr finalmente el Sistema Nacional Público de Salud que beneficie a la población.
Y ahí está la propuesta esperando ser desarrollada, tienen dos años para iniciar las transformaciones concretas que le permitan al gobierno que comience en 2019 avanzar hacia la cobertura universal de salud.
El autor es ciudadano