A partir de la llegada al poder de Ricardo Martinelli, en 2009, los remezones que la democracia panameña sufrió no la hicieron caer gracias a que aún le quedaba alguna solidez a pesar de su debilitamiento.
En primer lugar, ya el clientelismo, cual cáncer, se había alojado y echado raíces en el Órgano Legislativo, hecho que tuvo lugar en el período de 1994 a 1999, cuando se restablecieron las “partidas circuitales”, fondos puestos a disposición de diputados, acentuándose en los dos siguientes períodos, incluso recurriendo a más partidas para los legisladores y a cajetas de zapatos con sucio dinero de coimas, y las artificiosas modificaciones a la Constitución en 2004, con el conocimiento y consentimiento de las fuerzas políticas saliente y entrante para lograr, mediante el recíproco juzgamiento entre diputados y magistrados, que solo una víctima propiciatoria respondiera por sus excesos. Desde entonces ha habido muchos diputados que han caído en la delincuencia, pero también hubo magistrados en lo mismo y, en un quid pro quo vergonzoso e hipócrita, recíprocamente se exoneraron de responsabilidades archivando denuncias y expedientes unos a otros.
En segundo lugar, el presidente, aprovechado comerciante familiarizado con el mundo de las transacciones, carente de una mayoría de diputados que le ayudara a la aprobación de los presupuestos, traslados de partidas e iniciativas legislativas que facilitaran sus actos, recurrió a sus hábiles capacidades del mundo de los negocios para lograr que muchos diputados abandonaran sus toldas partidarias y se incorporaran a las del partido del gobierno, concierto para delinquir que llamaron gobernabilidad y así, con una máscara de institucionalidad que escondía las deformaciones de la corrupción, se adueñó del Judicial, del Legislativo y hasta del Ministerio Público. Ya la contralora era miembro de su séquito sirviente desde antes de las elecciones; solo faltaban el Tribunal (TE) y la Fiscalía Electoral.
La Fiscalía General Electoral no fue mayor problema. Luego de haber logrado el transfuguismo de varios diputados electos hacia su partido y habiendo nombrado a dos de los magistrados de la Corte, le fueron endilgadas acusaciones de sospechosos orígenes y tan pronto el fiscal, en condiciones adversas a una defensa jurídica como la que podía plantear, presentó su renuncia, Martinelli designó a Eduardo Peñaloza, obsecuente y obediente miembro de Cambio Democrático, quien rápidamente fue aprobado por el Legislativo. A partir de ese momento, entre las instituciones, solo el TE permanecía ajeno al control de Martinelli.
A falta de investigaciones diligentes respecto a la comisión de delitos y faltas electorales, como quería y convenía al partido en el poder, el “qué hay pa’mí” creció exponencialmente. Ya no eran decenas ni centenas de miles de dólares puestos a disposición de los diputados, sino millones, siempre que fueran de los partidos aliados. Los informes de entonces de Contraloría, por ser obligatorios, dan buena cuenta de ello. También hubo aportes a campañas cuyos orígenes son bastante cuestionables, mientras la administración otorgaba abundantes contratos con costos injustificables, cuyos contratistas regalaron en gestos de noble generosidad a juzgar por lo que algunos dicen. Lo que no hubo nunca, salvo en el caso del corregimiento del Bebedero y mal hechas, fueron investigaciones sobre el uso indebido y criminal de los recursos del Estado para la campaña, en particular de las elecciones de 2014.
Para buena suerte del presidente y mala de la nación, la situación económica era excepcionalmente buena. A los ojos del gran público, inexperto en análisis macroeconómicos y en apreciaciones de rendimientos en el tiempo, la coincidencia de bonanza económica y de ejercicio del gobierno era mérito para quien reinaba y lo digo así, porque no gobernaba; en cambio sí cantaba rancheras.
Terminó ocurriendo que el clientelismo mató una oportunidad extraordinaria para hacer obras monumentales e implantar medidas y programas en favor del pueblo, con todo ese dinero que se gastó en comprar votos para elegir mediocridad y más ladrones y que, en buena medida, fue a parar a bolsillos codiciosos de los dos gobiernos siguientes, incluido el actual, sin que se hayan tomado las providencias necesarias para rescatar la honradez y la democracia.
Después del contagio a las distintas ramas del Estado, a través de los malos ejemplos y la glotonería de funcionarios que confunden su rol de trabajar para el bienestar general, con el de trabajar por amor al propio poder y a la propia fortuna, nada ha sanado ni quienes están facultados para corregir lo han hecho.
Por otra parte, los larguísimos períodos ejercidos por algunos magistrados (Valdés 32 años y Pinilla 20 años) y los intereses compartidos a lo largo del tiempo entre colegas con propósitos comunes e idénticas toldas partidarias en su pasado y en su futuro, han insertado un estilo y una actitud que no se compagina con los propósitos y fines que debe tener una institución electoral que sea modelo de imparcialidad e igual tratamiento para los participantes en la competencia por el poder.
Nuestra democracia está en quiebra; los garantes de su solidez la han convertido en trapo que se usa para limpiar el sucio de la corrupción cada cierto tiempo, pero ayudan a mantener en su sitio a quienes más ensucian.
Hoy se presenta la oportunidad de que la Corte Suprema de Justicia escoja un nuevo magistrado que habrá de servir por 10 años. Ojalá sea alguien que esté al tanto de estas realidades, capaz de trabajar para que cambien en función del fortalecimiento de la democracia, con probada resistencia a las influencias que apartan de las tentaciones materiales y del poder, con conocimiento vivencial y vocación democrática y un recio carácter que le permita perseverar en la nobleza de su misión y en la voluntad de corregir el perdido rumbo de nuestro TE, cualidades que se pondrán de manifiesto en las entrevistas que se hagan a quienes concursan y que todos tendremos la oportunidad de apreciar. De no ser así, lo lamentaremos gravemente, muy pronto, ya.
Veo pretendientes que aspiran, pero con los mismos defectos que en este artículo critico. Nada traen para fortalecer y sí para debilitar. Apelo además a que sean estrictamente las virtudes que contienen las hojas de vida y trayectoria de quienes aspiran, las cualidades a tener en cuenta, para corregir el rumbo que ha imperado y que nos tiene sobre la Roca Tarpeya. Al concluir estas líneas, regreso a la importancia de los organismos electorales para decir que no hay dictadura que no disponga de un organismo electoral a su medida; lo he visto en tantos lugares. Pero también debo decir que las dictaduras llegan al poder con la colaboración, por ineptitud, por corrupción o por falta de compromiso con los deberes de los organismos electorales; el nuestro nos está llevando a una dictadura. Es imperativo dotarlo de rectores hábiles, preparados, corajudos y que amen la democracia y a Panamá.
El autor es exmagistrado del Tribunal Electoral.
