Era junio de 1989; las fuerzas de ocupación interna, como las llamó el doctor Carlos Iván Zúñiga, perseguían e intimidaban a los panameños que reclamábamos que se respetara la voluntad popular expresada en las elecciones de un mes antes. La comunidad internacional, que había designado una de las misiones de observación electoral más concurridas en el mundo, estaba inquieta por los sucesos que ocurrían. La situación de orden público era precaria con protestas diarias.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, había venido a observar nuestras elecciones, motivado especialmente porque 12 años antes había firmado el Tratado del Canal de Panamá, de acuerdo con el cual Panamá recibiría el Canal en 1999 y, en un ambiente de narcodictadura como la que vivíamos, era inteligente anticipar que ello sería una buena excusa para que las fuerzas más conservadoras de Estados Unidos hallaran argumentos para sustraerse de ese compromiso que constituía un hito en la política exterior de esa nación, que le cambiaba la cara frente al mundo y especialmente frente a las naciones en vías de desarrollo. En noviembre de 1989 había caído el Muro de Berlín y los países tras la Cortina de Hierro respiraban aires frescos de libertades que tenían 45 años de no sentir.
Semanas antes, la portada de la revista Time mostraba la fotografía de Billy Ford, con una guayabera blanca, pero roja de la sangre que le había arrojado en bocanadas en que se le escapaba la vida, su escolta Alexis Guerra, quien valientemente se había interpuesto entre el paramilitar asesino del régimen dictatorial y el candidato a la segunda vicepresidencia de la República, para sacrificarse y recibir el balazo letal dirigido a Ford y, con él, a la propia nómina y a la sagrada palabra del pueblo panameño expresada tres días antes en las urnas.
Panamá convulsionaba. El Tribunal Electoral (TE) anuló las elecciones con el pretexto de que los observadores internacionales habían venido con espíritu intervencionista para distorsionarlas. Contra la resolución del TE que dispuso su anulación, se propuso una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta con la ponencia del entonces presidente de la Corte que, por supuesto, sentenció que no había inconstitucionalidad.
En ese escenario, recibí una llamada del doctor Ricardo Arias Calderón, que me proponía viajar a Venezuela a reunirme con varios panameños y con el presidente de esa hermana nación, Carlos Andrés Pérez, y allá fui con los doctores Luis Guillermo Casco Arias y César Pereira Burgos, encontrándonos tan pronto con los doctores Diógenes De la Rosa y Marcel Salamín, ambos consultores del gobierno militar panameño que sucedió al legítimo electo en 1968 e intercambiamos opiniones como ciudadanos de diferentes ideologías y signos políticos, movidos y preocupados profundamente, eso sí, por la situación de Panamá.
Al día siguiente, partimos a la reunión con el presidente Pérez, quien nos recibió sin demoras preguntándonos particular e incisivamente sobre nuestra posición con respecto a los tratados suscritos en 1977, a cuya consecución habían contribuido eficazmente y, en especial, los gobiernos de Costa Rica, Colombia, México y Venezuela. Por supuesto, fuimos unánimes en afirmar que dichos tratados, que no constituían la plenitud de las aspiraciones de nuestro pueblo, debían cumplirse por ser un avance y que de ninguna manera estaba en nuestra agenda renegociación ni aceptación alguna de su postergación, subrayando que el problema era estrictamente de superación de una dictadura, como claramente había expresado la nación en los comicios de mayo.
Para nuestra sorpresa, Pérez tomó entonces la palabra para decirnos que él estaba preocupado, después de haber respaldado la causa panameña para el Tratado del Canal, de las noticias que habían llegado a sus oídos en el sentido de que el fraude electoral que ocurrió en Panamá obedecía a un propósito patriótico y trascendente, y era que, según fuentes allegadas al gobierno panameño, Estados Unidos y la alianza de oposición panameña se habían puesto de acuerdo y pactado que, si la alianza civilista llegaba al poder, Estados Unidos podría denunciar el Tratado, es decir, sustraerse a su cumplimiento y que el nuevo gobierno no opondría resistencia a ello, con lo que no solo la causa panameña sino del mundo en vías de desarrollo, sufrirían un revés de gran magnitud, pero que para él era alentador saber, por boca de quienes concurrimos a esa reunión, tanto de la oposición como quienes eran probados e históricos ciudadanos comprometidos con el bienestar de Panamá, que no era así, por lo que en atención a esa especie que había llegado a sus oídos de que la oposición panameña estaba confabulada con los norteamericanos para que no se aplicara el Tratado, en la próxima reunión de la Asamblea General de la OEA, Venezuela pondría su podio a disposición de la alianza opositora panameña para que pudiera dirigirse a todos los miembros de la OEA y, por su conducto llegara al mundo, que lo que había ocurrido en Panamá era un fraude con el que no tenía ninguna relación ese presunto acuerdo existente entre Estados Unidos y la Alianza Civilista.
Añadió que así lo había hecho su amigo el general Torrijos, a finales de la década de 1970, cediendo al Frente Sandinista de Liberación Nacional el podio de Panamá para que, en la OEA, expusiera las razones de su lucha armada en contra del régimen somocista que prevalecía en Nicaragua, sin reparos en cuanto al respeto a la voluntad popular e ignorando la aspiración de dicho pueblo a la celebración de elecciones libres.
En otras palabras, la misma causa, tanto en el caso de Nicaragua como en el de Panamá, había llevado a la atmósfera de confrontación violenta e inestabilidad de sus respectivos gobiernos, con las consabidas secuelas de conculcación de derechos, sangre, lágrimas y atraso para sus pueblos.
En nuestro caso, Panamá había tenido hasta 1989 solo tres elecciones auténticamente democráticas; la de 1932, bajo la presidencia de Ricardo J. Alfaro; la de la constituyente de 1945, bajo la presidencia de facto de Ricardo Adolfo De la Guardia, y la de 1960, siendo presidente Ernesto De la Guardia, quien con horizontes amplios, durante su mandato promovió el establecimiento, mediante la adopción de una reforma a la constitución, de un organismo permanente que administrara imparcialmente los procesos electorales, con la destacada colaboración de Diógenes De la Rosa y del licenciado Germán López.
