Ocurrida la invasión aquel aciago 20 de diciembre de 1989, hubo quienes creyeron que la lucha armada contra el invasor y entre nosotros mismos, sin hacer diferencias, era la alternativa para quienes no creyeran en un gobierno producto de la voluntad popular o, lo que es lo mismo, uno impuesto por la fuerza de quien la tenga. Se trazaron planes y se comenzaron a ejecutar. Esto es, estábamos en los umbrales del enfrentamiento armado al que han recurrido los pueblos de otras naciones, entre ellas Nicaragua.
Es interesante repasar la historia y ver cómo los pueblos han hallado en la falta de respeto a su voluntad y en la falta de trabajo con los ojos puestos en el bienestar social, sólidos argumentos para la protesta y la rebelión.
Bien pronto se abandonaron dichos planes pues, por su parte, el nuevo gobierno, elegido por el pueblo aunque hubiera llegado al poder por la fuerza de otra nación, se comprometía y dio señales ejemplares, con reorganizar y darle genuino sentido de árbitro a la más desprestigiada de las instituciones del Estado de entonces -aún más que la Guardia Nacional- para que en adelante, los panameños no tuviéramos que superar a costa de libertad, sangre, persecución y amor propio, el supremo derecho de autogobernarnos y aprender de nuestros propios errores.
Gracias a esta bien ponderada, madura y justa decisión, se pusieron manos a la obra para caminar hacia un futuro esperanzador en que los traumas ya vividos a lo largo de toda la historia republicana, comprendida desde la independencia de España hasta nuestros días, marcados por convulsiones y hasta una guerra civil como lo fue la de los Mil Días, no volvieran a repetirse.
Con las elecciones parciales que llevó a cabo el 27 de enero de 1991 el reorganizado Tribunal Electoral (TE) para completar los resultados de las elecciones de representantes de corregimiento y legisladores, quedó en evidencia que no tenía sentido alguno levantarse en armas contra el gobierno, pues si la voluntad popular favorecía a los partidos de oposición así se reconocería, como ocurrió en aquellas elecciones parciales en que de los nueve legisladores pendientes de elección, cinco resultaron ser del PRD.
El propósito esperanzador así concebido se mantuvo, incluso cuando la alianza de los partidos llegados al poder en 1989 se rompió en abril de 1991, y el trabajo y esfuerzos empeñados en que tuviéramos una institución electoral imparcial y madura que nos asegurara la paz con la posibilidad de la alternancia en el poder, continuó y se fortaleció; tanto, que para las siguientes elecciones, la alianza fraccionada de los partidos de gobierno y la irrupción de nuevos pretendientes al poder hicieron posible que el “brazo político” del gobierno militar que tuvimos hasta 1989, con apenas un tercio de los votos de los electores, fuera declarado vencedor de las elecciones y su candidato fuera presidente con una mayoría de legisladores (hoy diputados) en la Asamblea Nacional, gracias a un sistema de circuitos y fórmulas electorales que desde los tiempos de la dictadura favorecían la elección de los candidatosde los partidos más grandes, como lo era, precisamente, el “brazo político de la revolución”.
Quienes en 1994 accedieron al poder no llegaban compenetrados de la necesidad de superar esa etapa inmadura de nuestra historia; por el contrario, sentían que habían sido desplazados del poder indebidamente y por la fuerza y que, a toda costa, debía ser recuperado y retenido y así, poco a poco, pero sin pausa, fueron restableciendo la hegemonía de otros tiempos, esta vez no con la fuerza de las armas, sino con otra de las ventajas que otorga el poder a quienes lo detentan: los recursos y, así, el clientelismo fue la receta que halló terreno abonado para instaurarse y crecer con vigor.
Se restablecieron las partidas circuitales, dineros que el Ejecutivo ponía a disposición de los diputados, para que estuvieran contentos, mucho más para los diputados del partido del presidente que para los otros; se sustituyó uno de los magistrados del TE por un disciplinado miembro del partido en el poder. Se tomaron medidas para subordinar a los magistrados del TE, controlar la política partidaria por medio del subsidio electoral; a dicho organismo se le asignó área y recursos para construir una sede que reflejara la importancia que debía tener, aunque ya estuviera subordinado y, en fin, terminó perdiéndose la convicción de tener un árbitro electoral absolutamente imparcial y, antes de concluir el quinquenio, se designó como fiscal electoral al exministro de Vivienda del gobierno que concluía su período.
En el quinquenio 1999-2004, el afán por el control del TE se moderó de cara a la comunidad; por dentro, sin embargo, se consolidaban espacios ganados. Aún no lo sabíamos, pero los nuevos funcionarios traían más colores de banderolas partidarias que de la nación y, aunque fueran los mismos colores, su disposición y significado eran diferentes.
Dieciséis años después de la invasión, el 11 de octubre de 2006, atenidos a una opinión de la procuradora de la Administración emitida 10 años antes, procedía hacer nombramientos para los cargos de magistrados; en esta ocasión, atendiendo una modificación a la Constitución hecha en 2004 se debía elegir un magistrado por seis años, otro por ocho y otro por diez, de modo que la siguiente vez no se produjeran las tres vacantes simultáneamente.
Así, la Corte procedió a elegir al magistrado Solís hasta 2012, según le correspondía, para suceder al magistrado Valdés, quien había sido designado para el cargo, ahora vencido, en los primeros meses de 1990. Poco después, la Asamblea Nacional reeligió hasta 2016 al magistrado Pinilla, quien había sido secretario general de la Asamblea y miembro del partido en el poder, cuando en 1996 por primera vez había accedido a la magistratura y, por último, el 28 de diciembre de 2006, el presidente Martín Torrijos efectúo el nombramiento del magistrado Valdés, hasta 2014 para que volviera al TE, en sustitución del magistrado Allen quien había sido nombrado en agosto de 1990.
De 2006 en adelante, se aumentó la contribución del Estado a los partidos políticos, pero muy poco supimos de supervisiones y auditorías a dichos fondos, al tiempo que se les permitía obtener recursos del sector privado, de donde los capitales que buscaban protección para las operaciones de sus propietarios, cooperaban cada vez más o llegaban disfrazados de contribuciones a campañas electorales como para evadir el concepto de vulgar blanqueo de capitales o francos sobornos, hasta que se perdió por completo aquel sano propósito de tener un organismo electoral confiable, pulcro y comprometido con que la nación tuviera una columna vertebral genuinamente democrática. Los gobiernos inmediatos siguientes hasta el de hoy, evidenciarían con creces dicha ausencia de mística.
El autor es exmagistrado del Tribunal Electoral.
