El 18 de marzo de 2026, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 491, que llevaría a seiscientos balboas la pensión de quienes hoy reciben menos. Son unas 95 mil personas, de 363 mil jubilados y pensionados, y muchas cobran entre 120 y 180 balboas al mes. Que es un problema real y urgente no lo discute nadie.
Para financiarlo, crea un aporte de balboa y medio por cada contenedor de veinte pies que entre por los puertos. Hagamos la cuenta que la Asamblea no hizo. El expediente no trae estudio actuarial, ni nota de impacto fiscal, ni concepto del MEF ni de la Autoridad Marítima. Trae una frase: el proyecto es “conveniente, viable y necesario”. Ninguna cifra sostiene la palabra “viable”. Supongamos una brecha promedio de 250 balboas, prudente si hay pensiones de 120. El fondo costaría unos 285 millones al año.
El año pasado, los puertos panameños movieron 9.9 millones de contenedores. A balboa y medio cada uno, el recaudo máximo sería de 14.9 millones: el cinco por ciento de lo que cuesta la promesa. Repartido entre 95 mil personas, trece balboas al mes. Y esa es la cuenta más favorable al proyecto: supone que se cobra por cada contenedor que toca puerto. El artículo 5 no dice eso: dice que se cobra por el que “ingrese al territorio nacional”, y nueve de cada diez contenedores que mueve Panamá son de trasbordo, que entran y salen del muelle sin ingresar a ninguna parte. Aplicado al pie de la letra, el aporte no llega ni al uno por ciento del costo.
Aun con la cifra alta, para financiar los 285 millones habría que cobrar casi 29 balboas por contenedor: diecinueve veces lo propuesto. Alguien dirá que la diferencia la pone el Estado. Correcto, y está escrito: el artículo 6 dispone que, si el fondo resulta insuficiente, el Ejecutivo “podrá proponer” las asignaciones necesarias en el Presupuesto. Ahí está la fuente real. El aporte por contenedor no es la fuente del dinero, es la fachada: pone cinco balboas de cada cien. Los otros noventa y cinco los pone usted.
Peor que un financiamiento que no alcanza es un beneficio que la propia ley vuelve inexigible. El artículo 6 dice que el Estado garantizará de manera permanente el ingreso complementario. El artículo 11, cinco párrafos después, dice que ese ingreso “no generará derechos adquiridos de carácter permanente” y que “estará sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo”.
Las dos cosas no pueden ser ciertas, y no hay que adivinar cuál se invocará. Mientras haya plata, el artículo 6 no agrega nada, porque igual se paga. Cuando no la haya, que según la cuenta de arriba será desde el primer mes, saldrá el artículo 11 a explicar, con impecable corrección jurídica, que nadie prometió nada.
Súmese el resto: el complemento no es salario, no es pensión, no sirve para un préstamo y no entra al balance actuarial de la Caja. Y desaparece entero si el jubilado gana un balboa de más: quien recibe 590 y vende comida los domingos lo pierde todo. Es la forma jurídica más débil que puede tener una prestación en Panamá, y se presenta como pensión mínima.
Falta lo esencial: quién decide si usted califica y qué recurso tiene si le dicen que no. La ley lo deja al reglamento, junto con la forma de cobrar el aporte, el modo de verificar sus ingresos y la entrega del dinero. Y el reglamento lo firma el Ejecutivo, que ya anunció el veto. No hará falta vetar nada: basta con no reglamentar.
Queda la pregunta incómoda: si la voluntad era llevar el piso a seiscientos balboas, ¿por qué no se modificó la Ley 462? El 18 de marzo de 2025 se sancionó esa ley, que cambió la lógica del sistema: cuenta individual, beneficio según saldo acumulado, piso solidario por debajo. Exactamente un año después, día por día, llegó el primer debate del 491.
Este proyecto no toca la Ley 462 ni corrige un solo parámetro de la fórmula que produce las pensiones bajas. Al contrario: establece que el complemento no formará parte del cálculo actuarial de la Caja. Se asegura de que la equiparación no aparezca jamás en el único documento donde quedaría registrado el tamaño del problema. El proyecto no arregla el sistema: lo desplaza. Saca el asunto de donde sería medible, lo manda al Ministerio de Economía y al Banco Nacional, y lo rebautiza “ingreso complementario” para que no cuente como pensión.
Así, quien votó la reforma de 2025 podrá votar también el 491 y exhibirse falsamente como autor de la sostenibilidad fiscal y defensor del jubilado: la misma mano que empuñó la daga hoy pone la venda. Y hay un daño a largo plazo: si el Estado completa a todos hasta seiscientos y descuenta un balboa por cada balboa de pensión propia, cotizar más deja de servir para la mitad de abajo. Se anula el incentivo a contribuir sobre el que se levantó la reforma.
Nada de esto significa que los 95 mil no tengan razón. La tienen entera. Un estudio de la Universidad de Panamá calcula en 1,064 balboas el ingreso mínimo para vivir. Cobrar 150 no es una dificultad: es una indignidad. Justamente por eso merece más exigencia, no menos. Un piso pensional se fija dentro del sistema, con estudio actuarial, obligación reconocida y derecho exigible ante un juez. Con retiro gradual, para que trabajar y cotizar siempre convengan. Y con un fondo que tenga junta, auditoría, Contraloría y una ventanilla donde reclamar.
Nada de eso está en el 491. Si se aprueba así, el desenlace es previsible: expectativas en 95 mil hogares, un recaudo que no alcanza, un reglamento que se demora, un fondo insuficiente al primer trimestre. Y el artículo 11 esperando en la última página.
Ese costo no lo pagarán los puertos ni el Presupuesto. Lo pagarán los jubilados, otra vez, y esta vez con lo único que les queda.
El autor es abogado.
