La noticia que marca el inicio de este Año Nuevo no es menor: la extracción de Nicolás Maduro desde un recinto militar en Caracas y su traslado a Nueva York para ser juzgado por autoridades estadounidenses. Un hecho de enorme impacto político que, lejos de aclarar el futuro de Venezuela, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta histórica: ¿hasta dónde llega el poder de las grandes potencias y dónde empieza el derecho de los pueblos?
Resulta llamativo que a Maduro no se le acuse de aquello que gran parte del mundo le reprocha desde hace años: autoritarismo, ruptura del orden constitucional, represión o saqueo de los recursos públicos. Nada de eso parece interesar hoy al establishment norteamericano. La acusación central es otra: “narcoterrorismo”, una figura tan grave como ambigua, que parece más pensada para la narrativa política que para la precisión jurídica.
El terrorismo implica la intención deliberada de sembrar terror y desestabilizar una sociedad. Vincular ese concepto al narcotráfico exige demostrar no solo un delito, sino una motivación política orientada a destruir el orden social estadounidense. Que Maduro haya tenido vínculos con redes de tráfico de drogas puede ser investigado y probado; equipararlo a “narcoterrorismo” suena, cuando menos, forzado.
Conviene dejar en suspenso el análisis legal hasta que se conozcan pruebas y testimonios. El problema central hoy no es jurídico, sino político. Tras la acción militar, abundan versiones contradictorias: que hubo muertos, que no los hubo; que Washington controla el rumbo de Venezuela o que nada ha cambiado. Lo cierto es que, hasta ahora, no hay señales claras de un cambio real de poder. La vicepresidenta permanece rodeada por los dos pilares del régimen: el partido y las Fuerzas Armadas. Pensar que obedecerán dócilmente a Donald Trump parece ingenuo.
Aquí emerge un punto que Washington rara vez entiende: para muchos pueblos latinoamericanos, este tipo de acciones no se perciben como gestos de liberación, sino como afrentas. Como recordatorios de un pasado de tutela y subordinación. No somos iguales en idioma, historia o color de piel, pero compartimos un valor esencial: la libertad y la autodeterminación. ¿Por qué debería sorprender que los pueblos quieran decidir su propio destino?
A varios días de la operación, sigue sin estar claro qué busca realmente Estados Unidos en Venezuela. Más allá del discurso sobre democracia, lo que ha quedado evidente es otra cosa: la prioridad no es la libertad del pueblo venezolano. Es el petróleo. Y quizá el oro. Estados Unidos no tiene amigos: tiene intereses, y actúa en función de ellos.
Si el objetivo fuera la democracia, ya se habría anunciado un cronograma claro: liberación de presos políticos, elecciones supervisadas, transición institucional con plazos definidos. Nada de eso ha ocurrido. En cambio, ya se habla de Groenlandia, de Cuba, del Canal de Panamá. Nicaragua, curiosamente, queda fuera del discurso. La expansión retórica no es casual; responde a una lógica de poder sin disimulo.
El petróleo venezolano fue nacionalizado en 1976 y pertenece al Estado venezolano. Eso implica soberanía y reglas claras. No basta con desplegar flotas militares y luego pasarle la factura al pueblo, como si este fuera responsable del costo del intervencionismo. Se habla mucho de expropiaciones a empresas extranjeras; poco o nada de las sufridas por millones de venezolanos.
La comparación resulta incómoda, pero inevitable: Donald Trump se parece más a Nicolás Maduro de lo que muchos admiten. Autoritario, voluntarioso, convencido de que la fuerza sustituye al consenso. Un Maduro rubio, con mejores trajes y más portaviones.
Este no es un debate entre izquierda y derecha. Es una cuestión elemental: intereses imperiales frente a derechos soberanos. Y mientras tanto, China observa a Taiwán, Rusia observa a Ucrania y otros conflictos históricos se reactivan. El mundo toma nota.
Cuando el derecho internacional cede ante la ley del más fuerte, ningún país —grande o pequeño— puede sentirse verdaderamente a salvo.
El autor es ciudadano.
