Debería ser un deber de todos los ciudadanos de una República conocer cómo funciona el poder y por qué opera de determinadas maneras. Cada día, nuestras decisiones, nuestras actividades, nuestras acciones e incluso nuestra forma de pensar están influenciadas por la manera en que otros han diseñado el sistema sociopolítico. Sin embargo, para que esto sea así en una democracia, los ciudadanos deben haber otorgado a otros la facultad de ejercer ese derecho a cambiar y moldear las cosas. En términos más sencillos, el poder es la capacidad, facultad o habilidad que tienen algunos de influir, cambiar o imponer su voluntad sobre los demás. Aunque, desde una perspectiva democrática, se considere que la cesión del poder por parte de los ciudadanos es consciente, también existe una inercia institucional que, junto con las asimetrías de información, facilita el traspaso del poder sin mayor escrutinio.
Se supone que el poder reside donde la gente cree que debe estar. Aunque el poder adopta distintas formas —expresándose a través de la coerción, las estructuras, el simbolismo o el discurso—, el enfoque de este artículo será aquel que influye directamente en la arena cívica. Partamos de la siguiente pregunta: ¿quién tiene realmente el poder en una democracia? En la práctica, el poder recae en el ejecutor final, es decir, en quien controla los medios necesarios para ejercer su voluntad, ya sea mediante la imposición, el convencimiento o la simple implementación de decisiones que los ciudadanos aceptan como legítimas. No obstante, el poder político no depende únicamente de su legitimidad formal, sino también de las estructuras institucionales y, sobre todo, de las creencias colectivas que lo sostienen. Para efectos prácticos, podemos remitirnos a Robert Dahl, quien define el poder como una capacidad relacional: el agente A tiene poder sobre el agente B en la medida en que logra que B haga algo que de otro modo no haría, ya sea mediante el convencimiento, la manipulación o la coerción.
Ahora bien, en sociedades como la panameña, las manifestaciones del poder dependen en gran medida del simbolismo y de la representación de los recursos materiales y las estructuras históricas que legitiman la capacidad de un individuo o grupo para actuar, aun cuando estos no posean el carisma o el capital político suficientes para aspirar por sí solos a ostentar el poder. Para Michel Foucault, el poder es una red difusa y no está concentrado únicamente en el Estado. En realidad, el poder no es estático: se acumula o se pierde, pero rara vez permanece en un solo lugar. Como se dice coloquialmente, si no estás en la mesa, estás en el menú. En nuestra arena política, la incapacidad de ejercer poder está frecuentemente ligada a la inhabilidad para controlar la narrativa simbólica en torno a los recursos materiales necesarios para generar un beneficio transaccional entre el Estado y los ciudadanos.
Uno de los problemas más notorios de nuestro modelo político es la oligarquización de la democracia. La concentración del poder político en un grupo de individuos con intereses afines no es algo nuevo en el país; sin embargo, a diferencia de otras épocas, la apatía ciudadana y la desinformación han terminado legitimando la delegación del poder hacia la misma clase política. Surge entonces la interrogante de si es posible reivindicar ese poder popular a través de los procesos electorales. Robert Michels, en su “ley de hierro de la oligarquía”, sostiene que toda organización política compleja —como partidos, sindicatos o Estados—, independientemente de su ideología inicial, tiende de manera inevitable a convertirse en una oligarquía dirigida por una minoría. Como consecuencia de la burocratización, emergen líderes que acaparan el poder y priorizan su permanencia sobre los objetivos originales del movimiento.
El statu quo —el estado actual de una sociedad o sistema político, que implica la intención de mantener las cosas tal como están sin introducir cambios— no es solo continuidad institucional, sino también el alineamiento de intereses dominantes. Los mecanismos que permiten su preservación incluyen las instituciones democráticas, las narrativas legitimadoras, los incentivos económicos y la cultura política. Estas dos últimas dimensiones resultan particularmente relevantes en nuestra realidad, ya que la cultura política del país suele estar marcada por la lógica del “¿qué hay para mí?” por parte del elector, estrechamente vinculada a incentivos económicos. Esto explica que, en muchos casos de corrupción o de violaciones sistemáticas a las garantías y derechos fundamentales, no exista una oposición sostenida por parte de los ciudadanos frente a quienes detentan el poder político o económico. Un ejemplo de ello es la ausencia de un rechazo público persistente y de protestas continuas ante las violaciones a los derechos humanos de los niños en albergues administrados por la SENNIAF, hasta obtener certeza del castigo para los responsables y los negligentes.
La agencia ciudadana en nuestra República se encuentra debilitada, pero ello no implica que esté condenada al fracaso. Como ciudadanos, debemos aprender a identificar el funcionamiento del poder y a analizar cómo las decisiones de gobernantes y actores económicos influyen en nuestras vidas. Si la realidad del país no responde a nuestras expectativas, corresponde asumir acciones orientadas a transformarla. Estudiar para comprender, comprender para deliberar y deliberar para actuar constituye una responsabilidad esencial de la ciudadanía.
El autor es internacionalista.
