A lo largo de 2025, la copresidencia de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha acelerado la consolidación de un Estado autoritario de carácter familiar. Las reformas constitucionales aprobadas en enero eliminaron la separación de poderes, subordinando los órganos judicial, legislativo y electoral al Ejecutivo, mientras que la legislación posterior extendió los mandatos políticos y permitió al régimen utilizar las instituciones electorales como un arma contra la oposición.
Desde 2018, el gobierno de Ortega y Murillo ha encarcelado, exiliado o despojado de la ciudadanía a cientos de críticos y ha desmantelado miles de organizaciones de la sociedad civil, socavando los controles independientes del poder. Estos cambios legales e institucionales han transformado a Nicaragua de una democracia debilitada en un sistema autoritario cerrado, incrementando el riesgo de abusos sistemáticos de derechos humanos y creando condiciones propicias para la opacidad en la participación económica extranjera —en particular de China— en sectores comerciales y mineros estratégicos.
En diciembre de 2021, el presidente Ortega rompió relaciones con Taiwán y estableció vínculos diplomáticos con Pekín, marcando una “nueva era” con la apertura de una embajada china en Managua ese mismo mes. Esta decisión se produjo tras semanas de condenas por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea, que calificaron las elecciones de 2021 como ilegítimas debido a la represión y al encarcelamiento de 39 personas, entre ellas líderes de la sociedad civil y candidatos presidenciales. Pekín aprovechó la oportunidad para ingresar en Managua y aliviar el creciente aislamiento internacional del régimen.
En 2023, las exportaciones totales de Nicaragua hacia China se estimaron en 27.3 millones de dólares, pero aumentaron casi un 300% en 2024, alcanzando los 82.1 millones. Ese mismo año, China se convirtió en el segundo mayor exportador hacia Nicaragua, representando el 14% de las importaciones totales, con un valor aproximado de 1,650 millones de dólares. Ambos países mantienen un déficit comercial superior a los 1,000 millones de dólares, lo que ha servido como un salvavidas para la estrategia de supervivencia del régimen, con China como principal benefactor. A medida que se incrementa la presión occidental, Pekín proporciona capital, infraestructura, comercio y oportunidades al régimen Ortega-Murillo a través de los sectores comercial y minero.
Nicaragua ha contribuido directamente a la expansión económica de China en la región y ha aprobado múltiples leyes para facilitar su presencia. El 30 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) vinculada directamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fortaleciendo la influencia china a través de infraestructura y comercio.
Las ZEE contemplan amplios beneficios para las operaciones chinas en Nicaragua, como exenciones totales del impuesto sobre la renta, dividendos y aranceles de importación por hasta una década, además de la delimitación de sectores industriales específicos para la manufactura, la agroindustria, la tecnología y las exportaciones. Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente, dirigirá estas zonas, con la promesa de generación de empleo, reducción de la pobreza y transferencia tecnológica. Su nombramiento refleja el enfoque de la política exterior nicaragüense de convertirse en un puente comercial entre el Pacífico y el Caribe.
Desde 2021, el régimen ha otorgado discretamente cerca de 300,000 hectáreas de tierra —equivalentes al 2.36% del territorio nacional— a cuatro empresas mineras presuntamente afiliadas a China: Zhong Fu Development, Nicaragua XinXin Linze Minería Group, Thomas Metal y Brother Metal. Estas compañías carecen de historial en el país, no están vinculadas públicamente a entidades chinas reconocidas y ni siquiera cuentan con sitios web. No obstante, el régimen ha facilitado su operación, aprovechando un marco legal que permite la actuación de empresas fantasma en sectores de infraestructura crítica.
Para respaldar esta expansión minera, el gobierno ha revocado concesiones existentes y las ha transferido a estas entidades opacas. En 2022, la Asamblea Nacional sandinista reformó la Ley 387 para permitir la transferencia de concesiones sin licitación pública, debilitar los mecanismos de control social y concentrar la toma de decisiones en el Ministerio de Energía y Minas. Esta reforma otorga al Estado un control exclusivo sobre la transferencia de propiedad minera, sin aviso previo.
En el ámbito comercial, China también ha impactado negativamente al mercado nicaragüense. Comerciantes locales denuncian “competencia desleal” ante el aumento de ciudadanos chinos que operan en el país. Las empresas chinas, beneficiadas por acuerdos preferenciales, venden productos a precios con los que los comercios nacionales no pueden competir. Informes indican que esta estrategia ha permitido a Pekín debilitar severamente al sector privado local y capturar amplios segmentos del mercado. En mayo de 2024, The Confidential reportó que las empresas chinas redujeron hasta en 70% las ventas de los comercios nicaragüenses.
Paralelamente, el régimen ha intensificado el control informativo. Sin decreto oficial, las autoridades migratorias y aduaneras han prohibido el ingreso de Biblias, periódicos, revistas, libros, drones y cámaras. Desde 2018, al menos 61 medios han sido cerrados o confiscados, se han documentado más de 2,300 violaciones contra periodistas y cerca de 300 comunicadores han sido forzados al exilio.
La comunidad internacional debe continuar investigando y denunciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por esta dictadura familiar. La instrumentalización de la población para generar riqueza, tanto para el régimen como para Pekín, mediante actividades económicas opacas, debe ser sometida a escrutinio legal en beneficio del pueblo nicaragüense. La erosión deliberada de las instituciones democráticas para favorecer la propiedad china en zonas comerciales e industriales profundizará la dependencia de Nicaragua de las importaciones chinas y limitará su capacidad exportadora.
El autor es estudiante de posgrado del programa de Asuntos Globales de la Universidad Internacional de Florida, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y Políticas.
