El supuesto “fallo” de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato de los puertos administrados por Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Whampoa Limited (CK Hutchison Holdings Limited), sería solo un pésimo chiste para nuestro pueblo —convidado de piedra en su propio funeral— si no fuera porque el citado “fallo” nos deja en el más lamentable ridículo y hazmerreír internacional.
Todo fue una vil manipulación de Estados Unidos contra la República Popular China y una intolerable intromisión de Washington en nuestros asuntos internos y externos, toda vez que el contrato de PPC fue aprobado y renovado bajo la soberanía de Panamá mediante licitación internacional a partir de 1997, y en el cual Washington no tiene ningún pito que tocar.
Si hay una chiva expiatoria en el contrato de la PPC es la expresidenta Mireya Moscoso, quien debería responder ante la justicia por diversos actos lesivos a los intereses nacionales; entre ellos, haber eliminado casi todos los beneficios del Estado panameño en el contrato de PPC.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en su cuenta de X que “Washington se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias a China”.
Pero, como acertadamente apunta la periodista Rekha Chandiramani, “el contralor Anel Flores anunció una auditoría a la concesión de PPC el mismo día que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció su viaje a Panamá, el 21 de enero de 2025”. ¿Casualidad, servilismo o lambonería?
El “fallo” fue publicado y celebrado por el gobierno de Estados Unidos mucho antes de que fuera emitido oficialmente en nuestro país, lo que arroja dudas y suspicacias sobre la seriedad y credibilidad de nuestro máximo órgano judicial, que más bien parecería merecer el calificativo de ‘Corte Suprema de Injusticia’. Aclaración: el alfabeto no es culpable de que la “i” venga antes que la “j”.
Según relata Chandiramani, “el 29 de enero de 2026, el medio estadounidense Axios publicó una nota citando fuentes oficiales estadounidenses que adelantaban un fallo de la Corte Suprema panameña en contra de PPC”.
Dicho de otro modo: Washington se entera de los fallos de la CSJ antes que nuestro propio pueblo. “En Panamá, los medios anunciaron el fallo de inconstitucionalidad del contrato original pasadas las 9:00 p.m. del mismo día”.
La propia empresa PPC insólitamente aún no ha sido notificada formalmente del supuesto fallo, al cual no le encuentra asidero jurídico alguno. No obstante, ha advertido que acudirá a las instancias nacionales e internacionales pertinentes.
El actual fallo, según la empresa, podría sumergir a Panamá en un desprestigio internacional, desacreditando nuestra imagen como hub logístico confiable.
Tómese en cuenta que Hutchison Whampoa es una empresa multinacional que no opera exclusivamente bajo la jurisdicción del Partido Comunista de China, como Estados Unidos pretende hacer creer.
Hutchison opera en 55 países y emplea a más de 230,000 trabajadores de diverso origen étnico. Fue fundada en 1863, cuando llegaron a Panamá miles de chinos para construir el ferrocarril.
Preguntemos: si fuera cierto que el Partido Comunista de China controla a la empresa como un activo militar y estratégico, ¿por qué Estados Unidos no elimina las sucursales de Hutchison en su territorio y, en cambio, sí pretende expulsarlas de Panamá?
Respuesta: porque Panamá es vista y tratada como territorio vasallo y no como Estado soberano. Los vasallos obedecen y no hacen preguntas.
Para nadie es un secreto que el presidente Donald Trump padece una obsesión persistente por el control mundial y la hegemonía.
Trump no tolera frenos de ninguna clase a su insaciable apetito de poder y prefiere destruir el orden internacional antes que someterse a normas colectivas.
El llamado “matón del barrio” quiere convertir a Canadá en su estado número 51, anexarse Groenlandia y apropiarse de nuestro Canal.
Lo anterior explica la obsesión del presidente Trump —quien ha utilizado un discurso criminalizante contra los migrantes— al afirmar, sin prueba alguna, que hay soldados chinos en el Canal y hasta en la sopa.
La verdad sea dicha: ni en Panamá ni en el Canal hay militares chinos controlando la vía acuática.
PPC no controla la navegación por el Canal, pues únicamente maneja carga. La Asociación de Pilotos o Prácticos del Canal es la única entidad responsable de mover los barcos en la vía acuática, y en su seno no hay un solo ciudadano chino.
Y ni una palabra más.
¡Cambio y fuera!
El autor es internacionalista.
