Desde el inicio de la democracia en Panamá, hemos observado una degradación progresiva de los valores éticos y morales, desde la época de Pérez Balladares hasta la actualidad. Sin excepción, los distintos gobiernos han estado marcados por escándalos y negociados que han perjudicado al Estado.
Esto ha traído consecuencias nefastas para el país. El dinero extraído de las arcas nacionales, los sobrecostos y las coimas han mermado el progreso nacional. El deterioro de hospitales y escuelas, la falta de agua potable, el desabastecimiento de medicamentos, las calles en mal estado y la percepción de irrespeto hacia la población por parte de autoridades y funcionarios reflejan una crisis profunda. A ello se suman las constantes promesas que intentan convencer a la ciudadanía de que “vamos por buen camino”.
Existe una crisis de valores. La mentalidad que se instala es peligrosa: si los de arriba roban, ¿por qué yo no?
Durante el gobierno de Ricardo Martinelli se destaparon graves casos de corrupción que derivaron en procesos judiciales contra numerosos funcionarios. Varios han confesado o han sido condenados, y otros continúan enfrentando investigaciones.
En administraciones posteriores también surgieron denuncias y señalamientos. El gobierno de Juan Carlos Varela fue objeto de investigaciones y designaciones internacionales por presuntos actos de corrupción. Actualmente, diversos procesos judiciales siguen su curso contra exfuncionarios de ese período.
El gobierno de Laurentino Cortizo también enfrentó cuestionamientos, especialmente durante la pandemia, por compras públicas y contratos que hoy son materia de investigación. Exfuncionarios, alcaldes y representantes han sido detenidos o investigados por presuntas irregularidades.
Los miles de millones que se han perdido en corrupción son recursos que dejaron de invertirse en educación, agua potable, infraestructura, vivienda y salud. La falta de valores en la dirigencia política ha generado un efecto multiplicador: funcionarios de menor rango replican prácticas indebidas, y la cultura del “juega vivo” se normaliza.
Parte de la responsabilidad también recae en la ciudadanía, que en ocasiones vuelve a elegir a figuras cuestionadas. Sin una cultura cívica sólida y sin memoria electoral, el ciclo se repite.
Como se dice en el argot popular, los militares parecen haber sido “niños de teta” comparados con la magnitud de algunos escándalos actuales. Por ello, fortalecer la educación cívica es urgente para recuperar valores éticos y formar una juventud comprometida con la honestidad y el bien común.
El autor es jubilado.
