Los actuales reajustes geopolíticos y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro abren para Panamá una ventana histórica de oportunidad. Aprovecharlas permitiría impulsar el crecimiento económico y un desarrollo más sostenible. Para ello, resulta indispensable promover un Plan País, que complemente al Plan Estratégico de la Nación y priorice una mayor competitividad y la resolución de cuellos de botella estructurales, facilitando un crecimiento más orgánico, con mayor generación de empleo formal y permanente, impulsado principalmente por la inversión privada —nacional y extranjera—, más allá del crecimiento que pueda aportar el sector público.
Este Plan País debe estructurarse en pilares claramente definidos, con una gobernanza efectiva. En un artículo anterior desarrollé algunas ideas preliminares y propuse seis pilares. A continuación, profundizo en el primero de ellos, por considerarlo fundacional.
Pilar 1: institucionalizar la colaboración público-privada mediante un Consejo Asesor para el Desarrollo Económico y Social (CADES-Panamá)
La institucionalización de la colaboración público-privada debe constituir el pilar central del Plan País. Sin una estructura formal —con la misma rigurosidad con la que las grandes empresas desarrollan sus planes estratégicos— que garantice continuidad, rendición de cuentas y coordinación estratégica, los demás pilares del Plan carecerían de la gobernanza necesaria para una implementación efectiva, inclusiva y sostenible. En esencia, este mecanismo permitiría que Panamá vuelva a sentarse en la mesa y no permanezca en el menú.
Las propuestas del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico y Social (CADES-Panamá) tendrían un carácter técnico, consultivo y colaborativo, orientadas a ofrecer soluciones concretas y desinteresadas, destinadas a promover planes e inversiones que favorezcan el interés nacional y un mayor desarrollo económico y social, con transparencia y confianza institucional.
Diagnóstico: debilidades del modelo actual
Si bien cada administración desarrolla sus propios Planes Estratégicos —algunos de notable calidad—, estos suelen ser, en la práctica, planes de gobierno, en los que la colaboración público-privada es insuficiente, poco considerada y predominantemente informativa, con escasa capacidad propositiva. Ello limita su impacto y genera claras oportunidades de mejora en priorización y efectividad de ejecución.
Entre las principales debilidades del modelo actual se destacan:
• Carácter ad hoc, con planes y soluciones que suelen favorecer prácticas clientelistas y una “economía de amiguetes”, como suele denominarla el economista Guillermo Chapman, sin efectos estructurales ni inclusivos. Como también ha señalado el premio Nobel de Economía James Robinson, en el reciente Foro Económico CAF Panamá, en América Latina suelen prevalecer “las economías de enclave”, cuyos beneficios no permean a todas las regiones y sectores del país.
• Discontinuidad estratégica, al reiniciarse el proceso de planificación con cada cambio de gobierno, perdiéndose conocimientos, compromisos y foco en soluciones estructurales de largo plazo.
• Ausencia de rendición de cuentas, debido a la falta de indicadores públicos, claridad en la asignación de responsables y mecanismos verificables de seguimiento.
• Opacidad decisional, con consultas reactivas y poco estructuradas, limitada participación privada y ausencia de supervisión efectiva.
• Fragmentación institucional, con escasa coordinación entre gremios, cámaras, sociedad civil y gobierno, lo que limita la capacidad de abordar problemas estructurales de manera conjunta, como la brecha de talento humano necesaria para sostener la inversión.
Experiencias regionales relevantes
Diversos países de la región han avanzado en esquemas de colaboración público-privada con resultados concretos que vale la pena analizar:
• México cuenta con un Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional (CADERR) adscrito a la Presidencia, creado por decreto, con mandato y presupuesto definidos, metas cuantificables, responsables designados y evaluaciones periódicas.
• Brasil opera un amplio consejo con más de 200 miembros de los sectores empresarial y social, que revisa propuestas legislativas antes de su presentación al Congreso, aunque su tamaño introduce desafíos de coordinación.
• Colombia dispone de un Consejo Gremial Nacional que agrupa a 32 de los principales gremios y actúa como interlocutor permanente ante el Gobierno, independientemente del partido en el poder.
• Chile ha desarrollado mesas público-privadas para temas estratégicos —como transición energética y minería—, complementadas por un consejo formal que asesora al Ministerio de Economía en políticas pro-PyMES.
• República Dominicana, a través del CONEP, participa activamente como co-diseñador de la estrategia turística y logística, con presencia constante en discusiones sobre reformas fiscales y laborales.
Riesgos y mecanismos de mitigación
La efectividad del CADES-Panamá dependería de una gobernanza sólida, que priorice el interés nacional sobre los sectoriales. Entre los principales riesgos se encuentran la parcialidad, baja representatividad, discontinuidad política y burocratización.
Estos riesgos pueden mitigarse mediante diversidad sectorial real, rotación periódica de miembros, participación de expertos independientes, adecuada representación de PyMES, consultas públicas estructuradas, una ley marco que lo respalde y un pacto multipartidario que garantice continuidad. A ello se suma la necesidad de respaldo presidencial, procesos técnicos rigurosos y evaluaciones públicas periódicas.
Propuesta de composición del CADES-Panamá
Inspirado principalmente en el modelo mexicano —adaptado a la realidad nacional—, se propone la creación del CADES-Panamá mediante Decreto Ejecutivo, con una estructura técnica permanente adscrita a la Presidencia de la República y con la siguiente composición:
Sector privado (16 miembros):
• Tres representantes de cámaras empresariales (ej. CCIAP, APEDE y Cámara SEM).
• Tres líderes de sectores estratégicos: logística, finanzas e industria.
• Un representante del Consejo Nacional de Competitividad.
• Tres representantes de PyMES (comercio, turismo y agricultura).• Tres economistas independientes, uno de los cuales fungiría como director técnico.
• Dos representantes de zonas económicas especiales (ZLC y ZES).
• Un representante de la academia.
Sector público (9 miembros):
• Ministro de Economía y Finanzas (coordinador gubernamental).
• Ministros de Comercio e Industrias, Trabajo y Educación.
• Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá.
• Directores de AMPYME, AIG, SENACYT y ProPanamá.
El Consejo operaría con un cuerpo permanente de expertos y analistas, y a través de comités técnicos especializados en áreas como digitalización y simplificación de trámites, promoción de inversiones, desarrollo de talento, competitividad y fortalecimiento institucional, con prioridades, objetivos, metas e indicadores claramente definidos.
Consideraciones finales
El CADES-Panamá no sería un fin en sí mismo, sino el andamiaje institucional que permitiría ejecutar de forma sostenida los pilares del Plan País. La experiencia regional demuestra que los países que han institucionalizado la colaboración público-privada avanzan con mayor rapidez y coherencia estratégica.
Panamá tiene hoy la oportunidad —y la urgencia— de hacerlo. El costo de la inacción es claro: perder una oportunidad histórica que otros países ya están aprovechando. La decisión es ahora.
El autor es economista, con maestría en Blockchain & Fintech
