El panorama educativo y laboral panameño revela una realidad preocupante. Los datos recientes ilustran un sistema educativo debilitado, incapaz de ofrecer competencias relevantes, en medio de interrupciones masivas y un mercado laboral que no genera plazas dignas, todo ello en un contexto de creciente costo de vida.
Los datos sobre el estado de la educación en Panamá muestran una progresión alarmante: mientras el 90% de los niños accede a la educación primaria, solo el 49% llega al nivel terciario. Esta deserción masiva representa un desperdicio de talento y potencial humano incalculable. Desde 2009, la prueba PISA señalaba claramente los problemas estructurales del sistema educativo, al igual que los más de 17 diálogos nacionales que han advertido la urgente necesidad de una reforma integral. La inacción política ha tenido consecuencias tangibles y devastadoras.
La situación se agravó con las interrupciones del calendario escolar desde 2020. Panamá ha acumulado 490 días de clases presenciales perdidas debido a la pandemia de la covid-19, las huelgas docentes de 2022 y 2023, y las protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social. Esta pérdida equivale a 2.45 años escolares, profundizando las brechas educativas y comprometiendo el desarrollo de competencias básicas de una generación entera. Ningún país de la región ha perdido tanto tiempo lectivo en un período tan corto.
Entre 2019 y 2024, mientras la economía generó apenas 3,520 nuevos empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, más de 10,500 jóvenes perdieron sus trabajos. El desempleo juvenil alcanzó el 17.8% en 2024, cuatro puntos por encima del promedio regional (13.8%). Más alarmante aún, el 60% de los empleos juveniles son informales. Esta exclusión del sistema de seguridad social garantiza que, décadas más tarde, esos jóvenes enfrenten una vejez sin pensiones dignas.
A este escenario se suma la crisis del costo de vida. Según el Instituto de Estudios Nacionales, el costo mensual para los panameños se estima en 1,064 dólares, mientras que el salario promedio es de 734 dólares. Esta brecha de 330 dólares representa un abismo para miles de familias, que deben elegir entre educación, alimentación, vivienda o salud. La cotización a la seguridad social se convierte en un lujo que muchos no pueden permitirse, sacrificando su protección futura por necesidades inmediatas.
La tendencia es preocupante: mientras el costo de vida aumentó 18 dólares entre 2023 y 2024, los salarios permanecen estancados desde 2019. Esta realidad presiona sobre la deserción escolar, creando un círculo vicioso que pudo haberse evitado con reformas educativas postergadas durante décadas.
La brecha entre formación académica y necesidades del mercado agrava el problema. Esta desconexión explica por qué, pese a algunos avances en evaluaciones como PISA y ERCE 2019, esos logros no se traducen en mejores oportunidades laborales para los graduados. Las autoridades del Meduca contaban con evidencia científica para impulsar cambios estructurales, pero optaron por soluciones cosméticas y cortoplacistas, que no abordaron el problema de fondo.
La economía panameña está construyendo una bomba de tiempo social. Con el 60% de los jóvenes trabajadores en la informalidad y fuera del sistema de seguridad social, estamos ante una generación que llegará a la vejez sin pensión. El costo para el Estado será exponencial: deberá asumir la asistencia social de cientos de miles de adultos mayores que, habiendo trabajado, no accedieron a la formalidad ni a los beneficios de protección social.
El futuro de Panamá exige acciones urgentes y coordinadas, pero también un reconocimiento honesto de los errores del pasado. No podemos permitirnos otra década de oportunidades perdidas. Las señales estaban ahí desde hace quince años; los datos eran inequívocos y las advertencias constantes. La omisión sistemática de quienes debieron actuar ha hipotecado no solo el presente, sino también el futuro de miles de jóvenes panameños.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
