Con los pies mojados, mochilas cargadas de sueños y el uniforme puesto, más de 120 niños entre 5 y 12 años de las comunidades de Mayo, Nutivi, Piedra Roja y Trinchera, en la Comarca Ngäbe-Buglé, cruzan cada día las aguas del río Cricamola. Lo hacen a pie, en poleas improvisadas o sobre frágiles puentes de bambú para llegar a su escuela.
El artículo 19 de nuestra Constitución establece que “no habrá fueros ni privilegios”. Sin embargo, la equidad se desvanece cuando acceder a la educación implica arriesgar la vida. Lo que para millones de niños es un derecho, para ellos se ha convertido en un juego de azar, donde la apuesta es la propia existencia. No hablamos del estado de las escuelas, sino del camino que conduce a ellas y de la distancia física que separa a cientos de niños de su derecho a aprender.
Es una verdad incómoda y un temor latente para las familias que saben que, al otro lado del río, los espera la escuela. Durante más de 25 años, han sido testigos de cómo al menos 70 vidas se han perdido, arrastradas por las crecidas que cada temporada lluviosa convierten los caminos en trampas mortales.
La geografía y el cambio climático agravan la crisis de derechos humanos que enfrenta la población de la comarca. En junio de 2024, los 62 kilómetros del río Cricamola cobraron las vidas de Arnol, Deivis, Davis y Jorge, cuatro niños que merecían regresar a casa y ver realizados los sueños que apenas comenzaban a imaginar.
Un informe de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) revela que el 80% de las víctimas son niños en edad escolar. Solo entre 2018 y 2025 se registraron 15 muertes por ahogamiento, el 60% de ellas de menores entre 5 y 12 años.
La juventud panameña quiere ser recordada por su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Levantamos la voz ante una situación que, más allá de la tragedia, evidencia una crisis humanitaria que no puede seguir cobrando vidas, en una región donde la pobreza alcanza el 78.2%, casi cuatro veces el promedio nacional, y donde nueve de cada diez personas son pobres multidimensionales.
Es evidente que lo ocurrido en los últimos 25 años es el resultado de la desidia e indiferencia estatal. El Estado ha incumplido las obligaciones asumidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho a la vida y a la educación. Frente a realidades como las de la Comarca Ngäbe-Buglé, esos derechos parecen letra muerta.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prometió construir ocho puentes zarzos para 2025, pero hasta la fecha nada se ha concretado. Mientras tanto, las poleas improvisadas y los puentes de bambú siguen siendo la única vía para quienes ansían aprender.
Más allá de cumplir compromisos, urge ejecutar el presupuesto destinado a soluciones permanentes: construcción de puentes seguros, sistemas de alerta temprana, fortalecimiento comunitario y un marco normativo especial. Estas acciones no solo salvarían vidas, sino que preservarían el futuro de nuestros niños.
La educación de calidad requiere una verdadera política de Estado, con visión de largo plazo. Se necesitan recursos diferenciados que equilibren las oportunidades y garanticen un desarrollo social justo, donde ninguna comunidad quede rezagada. Así como los puentes son horizontales, también deberían serlo nuestras políticas: firmes, equitativas y al alcance de todos.
Panamá es un país de puentes: conectamos territorios, océanos y corazones. Sin embargo, entre la tragedia y la oportunidad persiste una brecha que revela el rostro de un Estado que aún debe mirar hacia sus márgenes. El desarrollo no puede seguir siendo un privilegio. Urge devolverle al país su verdadero sentido: una nación conectada, donde ir a la escuela no sea un acto de fe ni una trampa de muerte, sino un derecho garantizado.
Los autores forman parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
