La elección del próximo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, que asumirá funciones el 1 de enero de 2027, se producirá en uno de los momentos más complejos de crisis del sistema multilateral desde la fundación de la Organización. La relevancia, legitimidad y eficacia de las Naciones Unidas se encuentran hoy abiertamente cuestionadas por fuerzas poderosas que buscan reducir su influencia o, en el extremo, erosionar su razón de ser como foro central de cooperación internacional.
El contexto geopolítico actual combina rivalidades estratégicas entre grandes potencias, conflictos armados de alta intensidad y larga duración, crisis humanitarias persistentes, debilitamiento del derecho internacional, restricciones financieras crónicas y una creciente fragmentación del orden multilateral. En este escenario, el próximo liderazgo de la Secretaría General no será de gestión rutinaria, sino de conducción en crisis, con implicaciones de largo plazo para el futuro del sistema de Naciones Unidas.
De acuerdo con las normas y prácticas que han orientado históricamente el proceso de selección, dos criterios adquieren hoy una importancia particular. En primer lugar, el principio no escrito de rotación regional, según el cual corresponde que el próximo secretario general provenga de América Latina y el Caribe. En ochenta años de existencia de la ONU, la región solo ha ocupado este cargo una vez, con Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. En segundo lugar, existe un consenso político y moral creciente de que ha llegado el momento de que, por primera vez, una mujer asuma la máxima responsabilidad del sistema multilateral.
A la luz de estos criterios, los nombres que emergen con mayor fuerza son los de Michelle Bachelet (Chile), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rafael Mariano Grossi (Argentina). Los tres reúnen credenciales sólidas de liderazgo internacional, experiencia multilateral y capacidad diplomática para enfrentar los desafíos que se avecinan. Sin embargo, como suele ocurrir en la designación de altos cargos internacionales, las consideraciones políticas coyunturales tienden a prevalecer sobre la evaluación estricta de méritos.
En el caso de Michelle Bachelet, su trayectoria como expresidenta de Chile y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le confiere una autoridad moral indiscutible. No obstante, su relación con China quedó seriamente afectada por su informe de 2022 sobre la situación de los derechos humanos de los uigures en Xinjiang, lo que constituye un obstáculo significativo para alcanzar el consenso requerido entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A ello se suma la incertidumbre derivada del reciente cambio político en Chile, que podría debilitar el respaldo formal de su propio gobierno.
Rebeca Grynspan, por su parte, aporta una carrera multilateral excepcional, desde la Vicepresidencia de Costa Rica hasta la dirección regional del PNUD, la Secretaría General Iberoamericana y, actualmente, la conducción de UNCTAD. Su principal debilidad radica en la limitada capacidad de su país, hoy inmerso en un proceso electoral, para articular una ofensiva diplomática global. Además, el hecho de dirigir un organismo que Estados Unidos considera prescindible no facilita su aceptación. En el actual clima geopolítico, incluso factores tan ajenos al mérito como su identidad judía pueden operar injustamente en su contra.
Rafael Grossi, el único candidato formalmente presentado, encarna un perfil eminentemente diplomático, con una gestión reconocida al frente del OIEA en escenarios críticos como la guerra en Ucrania y el programa nuclear iraní. Aunque su trayectoria está menos asociada al desarrollo y los derechos humanos, su mayor fortaleza es su alta aceptabilidad política, sustentada en sólidas relaciones con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que le otorga una probabilidad elevada de consenso.
En conclusión, es esencial que el GRULAC, y Panamá, como miembro del Consejo de Seguridad, actúen con rapidez y realismo estratégico. De lo contrario, podría imponerse una candidatura que cumpla el criterio de género, pero no el de rotación regional, como la de la actual subsecretaria general, la nigeriana Amina J. Mohammed, privando a América Latina de una oportunidad histórica de liderazgo multilateral en una encrucijada decisiva.
El autor es médico salubrista.
