Panamá enfrenta un momento decisivo para transformar su matriz energética y su sistema de movilidad, con el fin de reducir emisiones, fortalecer su competitividad y cumplir compromisos internacionales de sostenibilidad. Dos estrategias destacan por su potencial impacto: la creación de una industria nacional de etanol capaz de sustituir entre 10% y 20% del consumo de combustibles fósiles, y la implementación de políticas claras de movilidad sostenible y reducción de emisiones en el parque automotor durante los próximos 20 años. Este artículo presenta una comparación estratégica de ambas rutas, evaluando su inversión requerida, retorno económico y social, y su contribución al desarrollo sostenible del país.
El desarrollo de una industria nacional de etanol representa una oportunidad para diversificar la economía panameña, reducir la dependencia de combustibles importados y dinamizar el sector agrícola. Para sustituir entre 10% y 20% del consumo de gasolina, Panamá requeriría inversiones estimadas entre $300 millones y $600 millones en infraestructura productiva, logística y adaptación de la cadena de distribución.
Los beneficios económicos directos incluyen la reducción de importaciones de combustibles fósiles, mejorando la balanza comercial; la generación de entre 3,000 y 6,000 empleos directos e indirectos, principalmente en zonas rurales; el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales, fortaleciendo la economía interna; y una mayor estabilidad de precios, al amortiguar la volatilidad de los combustibles fósiles.
El retorno de inversión (ROI) de la industria del etanol suele ser moderado pero estable, con tasas anuales estimadas entre 6% y 12%, dependiendo de los precios internacionales y la eficiencia agrícola. A 20 años, la industria podría consolidarse como un pilar energético complementario, especialmente si se integran cooperativas agrícolas, se aprovechan tierras subutilizadas y se establecen mandatos de mezcla obligatorios. En términos ambientales, el etanol reduce entre 20% y 50% las emisiones de CO₂ respecto a la gasolina, además de disminuir el material particulado y mejorar la calidad del aire urbano. No obstante, su impacto depende de prácticas agrícolas sostenibles y del uso eficiente del agua.
La segunda estrategia consiste en implementar políticas integrales de movilidad sostenible que reduzcan emisiones, mejoren la calidad de vida urbana y aumenten la productividad nacional. Estas políticas incluyen la electrificación del transporte público y privado, la expansión del transporte masivo, incentivos para vehículos de bajas emisiones, el retiro de vehículos, camiones y buses de más de 12 años, mayor rigor en el control de emisiones, infraestructura para bicicletas y micromovilidad, y sistemas inteligentes de gestión del tráfico.
La inversión acumulada en 20 años podría superar los $2,500 millones, especialmente si se prioriza la electrificación del transporte público y la ampliación del Metro y de flotas de autos eléctricos en el sector público. Sin embargo, los beneficios sociales y económicos son significativamente mayores y más amplios que los del etanol. Entre los principales beneficios se destacan la reducción de la congestión, que actualmente genera pérdidas económicas sustanciales; mejoras en la salud pública, al disminuir enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación; aumento de la productividad, gracias a tiempos de viaje más cortos y previsibles; mayor equidad social, al ofrecer transporte accesible, seguro y eficiente; y la reducción de accidentes de tránsito, con impactos positivos en costos de salud y seguridad.
Estudios internacionales muestran que cada dólar invertido en movilidad sostenible puede generar entre $3 y $5 en beneficios sociales, lo que convierte esta estrategia en una de las inversiones públicas más rentables a largo plazo.
En términos ambientales, la movilidad sostenible tiene un impacto mucho más profundo que el etanol. La electrificación del transporte puede reducir hasta 90% de las emisiones del sector, especialmente si se acompaña de una matriz eléctrica basada en energías renovables. Además, la reducción del uso del automóvil privado disminuye ruido, congestión y contaminación, mejorando la calidad de vida urbana.
Ambas estrategias generan beneficios, pero en dimensiones distintas. El etanol ofrece un retorno económico directo, fortalece el sector agrícola y reduce parcialmente la dependencia del petróleo, mientras que la movilidad sostenible ofrece un retorno social y ambiental mucho mayor, transformando ciudades, reduciendo emisiones y aumentando la productividad nacional.
En términos de horizonte temporal (20 años), el etanol tiene un impacto moderado en el corto plazo y mayor en el largo plazo, mientras que la movilidad sostenible presenta un impacto progresivo que se vuelve muy alto en salud, productividad y calidad de vida. Sin embargo, ambas estrategias conllevan riesgos: el etanol depende de la estabilidad agrícola y de los precios internacionales, mientras que la movilidad sostenible requiere continuidad política y elevados niveles de inversión inicial.
La evidencia sugiere que Panamá obtendría mayores beneficios adoptando una estrategia combinada. La industria del etanol puede fortalecer la seguridad energética y dinamizar la economía rural, mientras que las políticas de movilidad sostenible pueden transformar la vida urbana, reducir emisiones de manera significativa y mejorar la productividad nacional. Integradas, ambas estrategias permitirían a Panamá avanzar hacia un modelo energético más limpio, equitativo, resiliente y competitivo, posicionando al país como líder regional en sostenibilidad, equidad social y transición energética.
El autor es especialista en desarrollo sostenible y economía verde.
