Hago la salvedad de que, aunque algunas propuestas legislativas son efectivas para resolver problemas puntuales, otras leyes, en toda su esencia, resultan ineficaces para abordar problemas más complejos y delicados, como es el caso del agua. Esto se debe a que, en la práctica, las leyes suelen limitarse a resolver vacíos teórico-legales, pero existen problemas multisectoriales que requieren más que definiciones, regulaciones y asignación de responsabilidades.
El caso de Panamá representa una verdadera paradoja: somos uno de los países más húmedos y con mayor cantidad de precipitaciones en el mundo; sin embargo, la escasez de agua potable, la distribución del vital líquido mediante camiones cisterna y la falta de infraestructura para tratar y procesar el agua nos llevan a la conclusión de que el problema no es de escasez, sino de gobernanza. Una gobernanza que debería enfocarse en tres pilares: infraestructura, conservación y distribución.
Una ley sobre el agua, el acceso universal a esta y los compromisos por parte del Estado para garantizarla a todos los ciudadanos suena impecable en el papel; sin embargo, la solución va más allá de cualquier propuesta legislativa o regulación. Muchas leyes terminan en mala ejecución, en mayores trabas burocráticas o en los límites estructurales del derecho.
Adicionalmente, la ejecución de proyectos y obras de infraestructura relacionados con el procesamiento del agua potable no es tarea de los diputados. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que el problema de la escasez de agua en Panamá no es normativo y no debe utilizarse como eslogan político, ya que solo simplifica una problemática sumamente compleja. En esencia, la reacción típica ante la presión pública es proponer nuevos anteproyectos de ley.
Panamá ya cuenta con un marco legal —aunque muchos puedan argumentar que es ineficiente— respecto a la conservación del recurso hídrico, canalizado a través de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP). Esto significa que no existe un vacío legal, sino una incapacidad operativa para retener y distribuir el agua en todo el país. La falta de inversión sostenida —y no solo en materia de agua— ha dado lugar a infraestructuras físicas obsoletas. Aunado a esto, la falta de planificación a largo plazo frente al crecimiento urbano y la politización de decisiones técnicas se convierten en la fórmula perfecta para generar un cuello de botella en el sistema de distribución de agua potable.
Por otro lado —aunque cueste aceptarlo como sociedad—, las tarifas del agua no reflejan los costos reales de su procesamiento en Panamá. La cultura institucional actual del Idaan desincentiva la inversión, y el problema va más allá del Estado: el comportamiento ciudadano, como el uso irresponsable del agua y las conexiones ilegales, genera costos adicionales que sobrecargan aún más a la institución. Esto limita la capacidad de destinar fondos a proyectos más grandes y prioritarios. Si bien hace falta una mayor rendición de cuentas, la cultura de reacción debe ser reemplazada por una de prevención y mayor cuidado del agua y de las fuentes hídricas del país.
En primer lugar, es necesario resolver el problema de la gobernanza del agua potable. El Idaan mantiene una jurisdicción fragmentada, afectada por la injerencia política y una financiación insuficiente. Se requiere un mandato nacional unificado, con liderazgo técnico y profesional capaz de desvincularse de intereses políticos.
Adicionalmente, es fundamental fortalecer las juntas administradoras de acueductos, dotándolas de un enfoque más técnico que político, especialmente en las áreas rurales. Sin reformas en la gobernanza, cualquier inversión en infraestructura está destinada a fracasar.
Asimismo, es necesario categorizar las soluciones según el contexto. La ciudad de Panamá y las áreas urbanas de la provincia presentan un sistema de tuberías que no ha sido reemplazado en años, lo que genera pérdidas significativas de agua potable debido a daños y fugas. En el interior del país, el deficiente mantenimiento y la falta de modernización de tuberías, potabilizadoras y pozos representan un riesgo para la salud de los ciudadanos.
Las soluciones deben adaptarse a las realidades de cada zona. Por ejemplo, en áreas urbanas como Arraiján y La Chorrera se requieren extensiones de sistemas de tuberías más descentralizados y con mayor capacidad de fiscalización, debido al rápido crecimiento de la región. En zonas rurales como Darién, Veraguas o Bocas del Toro, podrían implementarse sistemas de bombeo a pequeña escala alimentados por energía solar, tanques por gravedad y sistemas de recolección de agua de lluvia a mayor escala.
Es indispensable, además, proteger nuestras cuencas hidrográficas. La cuenca del río Chagres abastece tanto al Canal de Panamá como a gran parte del agua potable de la capital, por lo que la deforestación y la contaminación agroindustrial deben ser controladas con mayor urgencia. Una estrategia de distribución de agua que ignore la protección de las cuencas se sostiene sobre cimientos inestables. Asimismo, reforestar no debe ser sembrar árboles indiscriminadamente, sino identificar las zonas prioritarias donde se garantice la supervivencia de los ríos.
Aprobar leyes da la apariencia de acción sin resolver el problema de fondo. No obstante, incluso si se fortalece la capacidad técnica del Idaan, se incrementa la inversión en infraestructura crítica y se reduce la pérdida de agua, nada de esto será suficiente si no se transforma la cultura de la sociedad respecto a la conservación, no solo del agua, sino de los recursos naturales y del medio ambiente.
Acciones básicas, como evitar arrojar desechos en ríos y quebradas o reforestar de forma estratégica, son un punto de partida. Continuar acumulando normas mientras el sistema colapsa debería llevarnos a concluir que el problema del agua en Panamá no es jurídico, sino de ejecución, voluntad y cultura nacional.
El autor es internacionalista.
