Todo el mundo ya escuchó la noticia. Uber firmó el 16 de julio un acuerdo vinculante para comprar Delivery Hero, la matriz alemana de PedidosYa, por $14,800 millones. Todavía no es una compra cerrada, porque accionistas y reguladores deben aprobar la operación, cuyo cierre está previsto para 2027.
La operación se estructuró con dos socios clave. Prosus NV, el mayor accionista externo de Delivery Hero, comprometió irrevocablemente su 16.8%, empujando a Uber a cerca del 53% y eliminando cualquier oferta rival. Prosus era un vendedor forzado, porque la Comisión Europea le exigió reducir su participación en Delivery Hero para aprobar su compra de Just Eat Takeaway, ya que nadie puede ser dueño de dos rivales a la vez. Uber enfrentaba el mismo problema y lo resolvió con SSW Partners, una firma de Nueva York que compra lo que el adquirente principal no puede conservar. SSW se quedará con los negocios de Delivery Hero en catorce países por $1,600 millones, incluidos Glovo en España y PedidosYa en Chile y Ecuador, mercados donde Uber Eats y Delivery Hero compiten directamente. Vender esos activos antes de que los reguladores lo exijan elimina la objeción por adelantado.
Panamá no figura entre los catorce mercados excluidos, pese a que la misma preocupación por una eventual concentración que existe en Chile y Ecuador también está presente aquí. PedidosYa concentra más del 80% del mercado de entrega a domicilio, según La Prensa, y su único competidor relevante es Uber Eats. Glovo, el último tercer actor, fue absorbido por la matriz de PedidosYa en 2020. Creo que la razón es simple. Los catorce países excluidos cuentan con un control previo obligatorio de concentraciones y cualquiera podía bloquear la operación, incluso Moldavia, con apenas 2.4 millones de habitantes. En Panamá, bajo la Ley 45 de 2007, notificar una concentración a la ACODECO es voluntario. Uber y Delivery Hero pueden cerrar la operación sin pedir autorización a nadie.
Después del cierre, la única vía que tendría la ACODECO para deshacer la fusión sería una demanda civil. La entidad dispone de tres años para demostrar que la operación otorga al grupo el poder de fijar precios sin que exista competencia capaz de contrarrestarlo. Eso exige probar que los rivales restantes son demasiado débiles para responder y que las barreras de entrada impiden el surgimiento de nuevos competidores. En el mercado de entrega a domicilio, esas barreras hacen que la aparición de un nuevo actor sea casi imposible y, además, la operación elimina al único competidor relevante. Sobre el papel, el caso parece evidente. Si logra probarlo, un juez podría imponer condiciones o incluso ordenar la venta forzada de una de las dos aplicaciones. Pero el caso tendría que ganarse dos veces: primero ante un tribunal civil y luego en la apelación, frente a los abogados de una empresa valorada en más de $100,000 millones, en procesos que pueden extenderse durante una década. El único precedente comparable, la demanda contra Cervecería Nacional por sus contratos de exclusividad, tomó dieciocho años y concluyó con una multa de $50,000, que la propia ACODECO calificó de baja.
Fuera de esa demanda, lo único que prevé la ley son multas. La más alta, de $1 millón, castiga a competidores que pactan precios entre sí, algo imposible cuando ya no queda ninguno. La sanción que sí podría aplicar es la prevista para bloquear la entrada de un nuevo competidor mediante contratos de exclusividad o precios predatorios (por debajo del costo), cuyo tope es de $250,000 por práctica.
Cuando la operación se concrete, el grupo podrá aumentar sus tarifas y nadie podrá impedirlo. Según La Prensa, la plataforma opera en Panamá en 13 ciudades, con más de 4,100 repartidores y 3,500 comercios. Un incremento de cincuenta centavos por pedido puede representar millones de dólares al año sin infringir un solo artículo de la ley. Tampoco hubo forma de impedir que, en abril, redujera el pago a sus repartidores. Casi 4,000 paralizaron labores durante dos semanas y la empresa simplemente esperó a que desistieran. Muchos terminaron migrando a Uber Eats, porque ese era el único escape. Después de esta operación, ese escape pertenecerá al mismo dueño. Lo mismo ocurrirá con los consumidores frente a los precios y con los restaurantes frente a las comisiones, porque el único límite real para estas plataformas es la competencia, y esta operación la elimina.
Y esta no será la última vez. Uber ya comprobó cuánto vale la legislación panameña, y otras compañías de su tamaño llegarán a la misma conclusión. Para una corporación multimillonaria, la multa más severa prevista en Panamá es puro sencillo y, mientras la ley no cambie, seguirá siendo apenas un costo más de hacer negocios.
El autor es cofundador de la Pan-American Society of Young Investors (PSYI) y de Divenue, e ingresa este año a estudiar Economía en la Universidad de Yale. No es consultor financiero, y este artículo es análisis, no asesoría de inversión.
