El 20 de enero de 2025, 25 años después de la reversión del Canal de Panamá al Estado panameño —que ni la invasión detuvo—, el presidente electo de los Estados Unidos, en su discurso de toma de posesión, transmitió al mundo, con talante intervencionista, su deseo de retomar el Canal de Panamá. Es decir, desconocer el derecho internacional, que desde 1977 constituye el sustento legal de lo acordado entre Estados Unidos y Panamá en los Tratados Torrijos-Carter.
Días después, entró en acción el aparato de política exterior y seguridad norteamericano. El 1 y 2 de febrero visitó Panamá el secretario de Estado; el 7 de abril, el secretario de Defensa y el jefe del Comando Sur; y el 24 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional. Vinieron a marcar territorio con el argumento de recuperar Panamá y su Canal de la influencia “maligna” del Partido Comunista chino.
El primer resultado de esa andanada se dio el 9 de abril, cuando ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento que, en su forma, busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado internacional; pero que, en su fondo, abre a Estados Unidos un espacio para plantar bandera en el istmo, en su lucha geopolítica contra China, su “enemiga” en Panamá.
El Memorándum tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad, incluyendo intercambio de información, vigilancia fronteriza y actividades contra el narcotráfico y el terrorismo. Lo controvertido del mismo es que permite la presencia temporal en el istmo de tropas norteamericanas, en un probable primer paso para el retorno de una presencia militar desaparecida desde el cierre de bases a finales de 1999.
Como era de esperarse, el Memorándum produjo reacciones de alarma en amplios sectores del país y reiteradas declaraciones del Gobierno Nacional de que su aplicación respeta la soberanía nacional y no implica la creación de bases militares permanentes de Estados Unidos en Panamá.
En los 12 meses transcurridos a partir de la firma del Memorándum, diversas instancias militares estadounidenses vienen realizando ejercicios con sus contrapartes locales. Un aspecto positivo de las reacciones producidas localmente es que, con anticipación a la visita de componentes militares extranjeros al país, se comunica y detalla a la opinión pública el tipo de ejercicios realizados; y siempre se reitera el respeto a la soberanía de Panamá.
Desde hace meses, el presidente norteamericano ha dejado de mencionar su interés en retomar el Canal; y, en declaraciones públicas, tanto el secretario de Estado como el embajador de Estados Unidos en Panamá han tomado distancia de la “ilegal retoma”.
A lo mejor, ese silencio y esas distancias se explican porque, durante el año transcurrido desde la firma del Memorándum de Entendimiento, todas las encuestas conocidas en Panamá indican que entre un 70% y un 90% de la población rechaza la presencia militar de Estados Unidos, se opone al paso libre de peajes para los barcos militares estadounidenses por el Canal y también a la retoma del Canal por parte de Estados Unidos.
Ese amplio consenso nacional alrededor del Canal se explica por la lucha generacional por la soberanía y su recuperación, que tuvo su máxima expresión en la gesta del 9 de enero de 1964; en la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que culminó esa lucha; en el responsable proceso de reversión canalera; y en la exitosa administración panameña del Canal, que culminó con su ampliación. Esos hitos acumularon una poderosa conciencia nacional de pertenencia.
Los resultados de las elecciones estadounidenses de mitad de término de noviembre de 2026 definirán el rumbo de su gobierno para la segunda parte del mandato. Confiamos en que, con las lecciones aprendidas, la administración norteamericana respete la acumulación histórica y la legalidad internacional en Panamá. Nos merecemos relaciones armónicas y respetuosas.
El autor es exministro de la Presidencia y exsecretario de Metas.
