Los tributos incluyen impuestos y contribuciones sociales, entre otras fuentes de financiamiento público. La evolución del sistema sin una política tributaria clara ha creado un esquema que discrimina entre asegurados y no asegurados.
La Caja de Seguro Social (CSS) es, en esencia, una institución de seguros, no una aseguradora cualquiera, sino una entidad con fines sociales creada para cubrir “riesgos” (principalmente enfermedades, accidentes y pérdida de capacidad de generar ingresos) y para gestionar programas de importancia vital para el Estado.
En este contexto, resulta contradictorio que las cuotas pagadas a la institución pública de seguridad social no sean deducibles del impuesto sobre la renta, mientras que los pagos realizados a proveedores privados de seguros médicos, gastos médicos y fondos de pensiones sí lo son. Ambos gastos tienen el mismo objetivo. Es decir, el asegurado en el régimen estatal paga impuesto sobre la renta por el gasto destinado a su salud y jubilación (cuota), pero el contribuyente que cubre esos mismos riesgos por medios privados no enfrenta una carga fiscal similar.
Cabe recordar que la CSS recibe cuotas sobre los ingresos de sus afiliados, a quienes otorga beneficios, mientras que el Estado recauda impuestos tanto de afiliados como de no afiliados y sirve a ambos grupos. Si asegurados y no asegurados reciben la misma atención médica, los asegurados se ven discriminados. En cambio, si el Estado hace una contribución que beneficia solo a asegurados, el no asegurado queda en desventaja, pues sus aportes se destinan exclusivamente a un grupo al que no pertenece. La diferencia entre la CSS y el Estado se hace evidente en el financiamiento de las pensiones, que benefician a asegurados con diversos niveles de poder adquisitivo: el sistema no debería constituirse en un mecanismo de transferencia de recursos desde no asegurados con bajos recursos hacia asegurados con mayores ingresos.
La definición de una política tributaria clara permitiría alinear las respuestas a las necesidades con su financiamiento de manera justa. Hay oportunidades, como en la compatibilidad entre el sistema de jubilaciones y el programa “120 a los 65.” Los afiliados contribuyen a su pensión; quienes no contribuyen pueden calificar para una ayuda del Estado. Una política tributaria clara podría rediseñar el programa “120 a los 65″ como una red de seguridad financiada por el Estado, proporcionando una base de ingresos a la que puedan aplicar tanto asegurados como no asegurados, mientras que las pensiones a cargo de la CSS podrían constituirse como un beneficio extra. Esto permitiría al Estado conceder el beneficio de “120 a los 65″ a los asegurados que califiquen, reduciendo la carga de la CSS y mitigando la discriminación.
Una revisión sobre la razón de ser de la CSS como entidad de seguridad social, y no como sustituto de un trabajo digno, revela que pagar beneficios sin que el riesgo asegurado se haya materializado discrimina contra quienes financian dichos beneficios. La jubilación es la prestación que mitiga la pérdida de ingresos por la disminución de la capacidad laboral debido a la vejez. Sin embargo, actualmente la CSS otorga pensiones a personas con plena capacidad laboral, quienes concluyen su vida laboral en contra de su voluntad por programas de retiro, aunque aún tienen mucho que aportar a la sociedad. Por tanto, las reformas a la CSS deberían considerar limitaciones al beneficio de la pensión en la medida en que el asegurado no sufra una disminución en sus ingresos.
Existen muchos temas adicionales que nuestro sistema ha mantenido en el olvido, como la atención a las necesidades de los trabajadores panameños expatriados, quienes dejan de cotizar mientras son asignados fuera de Panamá. Concluimos este artículo con la reflexión de que debemos definir una política tributaria clara para rediseñar la seguridad social que nos protegerá en las próximas décadas.
El autor es abogado tributario
