Su nombre es impronunciable y su acrónimo no dice mucho; sin embargo, está en el ojo del huracán como casi todas las instituciones internacionales. UNRWA, la “Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo”, fue creada por la Asamblea General en 1949 para encargarse de los refugiados árabes que dejó la guerra de Independencia de Israel.
El parlamento de Israel, en una decisión casi unánime, aprobó la prohibición de las actividades de esta organización en los territorios bajo control israelí, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Las revelaciones sobre el involucramiento de funcionarios de UNRWA en Hamás y la comprobada participación de algunos de ellos en la masacre del 7/10 hicieron, desde el punto de vista de Israel, insostenible la permanencia de esta organización, cuyos problemas se originan en su mandato fundacional.
Mientras que los refugiados de guerras y conflictos internos en otras regiones están amparados por ACNUR, los palestinos cuentan con una agencia y un estatuto especial. ACNUR busca asentar a los refugiados en su lugar de llegada para que superen el estatus de refugiados lo antes posible y, definitivamente, para que este no se traslade a la siguiente generación.
UNRWA, por el contrario, ha perpetuado el estatus de refugiado de los palestinos generación tras generación, manteniendo así vivo el conflicto con Israel. Para funcionar, requiere de una vasta burocracia financiada por la ONU, que depende de que los refugiados y sus descendientes mantengan ese estatus indefinidamente. Un círculo vicioso. La misión de UNRWA alimenta entre los refugiados palestinos la ilusión de que algún día podrán regresar a sus hogares si el Estado de Israel deja de existir, convirtiendo a seres humanos en peones políticos.
Por otro lado, unos 800 mil judíos expulsados de países árabes tras la creación de Israel fueron acogidos y asentados por el nuevo Estado sin intervención de la ONU, entre ellos unos 120 mil judíos de Irak, una comunidad con más de 2,500 años de historia en Mesopotamia.
Actualmente, bajo el modelo asistencialista de UNRWA, existen 58 campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, que albergan aproximadamente a un millón cuatrocientas mil personas. Sus residentes conservan su estatus de refugiados, sin nacionalidad, sin posibilidad de integrarse a las sociedades en las que viven, y sin que UNRWA les ofrezca un futuro diferente ni a ellos ni a sus hijos.
UNRWA es la agencia más grande de la ONU, con más de 30 mil empleados, y su financiamiento depende de donaciones que, como siempre, provienen en su mayoría de países occidentales. Las acusaciones de corrupción, nepotismo, abuso sexual y acoso laboral han plagado a UNRWA durante años, sin que la agencia haya tomado medidas efectivas al respecto. En Gaza, bajo control de Hamás desde 2007, es imposible que la agencia, que emplea a 13 mil personas en la franja, opere de manera independiente. Escuelas y refugios de UNRWA han sido utilizados como escondites para los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica, desde donde lanzan cohetes contra poblaciones de Israel, mientras que el sistema educativo promovido por UNRWA incita constantemente al odio hacia los judíos y hacia Israel.
Durante los años en que la Autoridad Palestina gobernó Gaza, entre 1994 y 2007, mantuvo a los refugiados en los campos de UNRWA en lugar de iniciar un proceso para asentarlos bajo su propio gobierno palestino. Esto habría permitido que los refugiados se establecieran en Gaza, creando una nueva realidad social; sin embargo, esta opción no convenía ni a sus intereses ni a los de UNRWA.
Aún es incierto el alcance de la decisión del parlamento israelí, pero podría ser el comienzo del fin de un círculo vicioso en el que los palestinos han sido los más perjudicados.
El autor es profesor universitario y director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.
