Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, finalmente ocurrió aquello que muchos venezolanos, y no pocos fuera de sus fronteras, esperaban desde hacía años. El presidente Trump ordenó la ejecución de un operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes en los días subsecuentes fueron presentados ante un Gran Jurado de Nueva York para responder por acusaciones relacionadas con la supuesta comisión de delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y uso de armas, corrupción y lavado de dinero.
Este hecho representó el desenlace de un prolongado período de presión estadounidense, marcado por el despliegue de importantes activos y medios en el mar Caribe, iniciado a mediados de 2025. Dichas acciones incluyeron operaciones puntuales contra embarcaciones señaladas por tráfico de drogas, el establecimiento de zonas de exclusión marítima y aérea, así como la interdicción y captura de buques petroleros sujetos a sanciones. Todo ello ocurrió en paralelo a complejas negociaciones entre las partes involucradas, cuyos detalles aún no han trascendido públicamente, pero que con seguridad comenzarán a conocerse y permitirán comprender con mayor claridad cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos.
La noticia de la captura del otrora dictador vino acompañada de una decisión que sorprendió a muchos: la continuidad del régimen chavista, ahora sin Maduro. Para una gran parte de la opinión pública, tanto dentro como fuera de Venezuela, la expectativa era otra: el fin definitivo de cualquier vestigio del período chavista, el apresamiento de sus principales líderes y la apertura inmediata de un nuevo ciclo político encabezado por figuras de la oposición.
Sin embargo, la estrategia de la Administración Trump respondió a un enfoque marcadamente pragmático. Se optó por evitar una campaña militar prolongada en territorio venezolano, con sus previsibles consecuencias humanas, la destrucción de infraestructura crítica y la eventual necesidad de una presencia militar estadounidense sostenida en el tiempo, como ocurrió en escenarios como Irak o Afganistán. La estrategia implementada se ha basado en un esquema de máxima presión y de influencia en el proceso de toma de decisiones, sin una ocupación militar directa.
Durante el último lustro, el pueblo venezolano había visto desvanecerse su esperanza tras años de diálogos estériles que prometieron cambios, elecciones libres, recuperación económica, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades fundamentales. En lugar de ello, la realidad fue el endurecimiento de la represión, el aumento del miedo y una creciente sensación de impotencia y sumisión. Poco a poco se instaló la convicción de que no podrían salir solos de aquella pesadilla.
Si bien hoy aún no existe plena claridad sobre cómo ni por cuánto tiempo se extenderá el proceso de transición, lo cierto es que los venezolanos han recuperado algo esencial: la esperanza. Una esperanza distinta, más madura, menos ingenua, pero profundamente necesaria. Esta esperanza es la que permitirá reconstruir el tejido social, reencontrarse como nación y, sobre todo, comprender que el futuro de Venezuela será construido por sus propios ciudadanos.
Más allá de la incertidumbre que aún rodea el proceso de transición, hoy Venezuela ha recuperado lo más valioso que puede tener una nación golpeada: la convicción de que los venezolanos serán partícipes del cambio que ahora se vislumbra como posible. No se trata de una esperanza impuesta ni prestada, sino de una que nace desde adentro, forjada tras años de resistencia silenciosa. Serán los propios venezolanos quienes, con memoria, responsabilidad y determinación, reconstruyan su institucionalidad, sanen sus heridas y vuelvan a creer en su potencial, sentando así las bases para una relación de respeto mutuo y cooperación con Estados Unidos.
El autor es abogado.
