Violar la soberanía popular significa desconocer el principio de autodeterminación de los pueblos, principio que implica ejercer el derecho inalienable de adoptar la forma de gobierno que más le convenga a sus intereses. El ejercicio de ese derecho se lleva a cabo a través de elecciones democráticas y transparentes. Lamentablemente, se dan casos en los que una dictadura desconoce ese principio de autodeterminación, violando o desestimando la soberanía popular. Esta situación se consagra cuando el poder del Estado ya no deriva ni emana del pueblo, sino de quienes detentan el poder público, sin más legitimidad que la otorgada ilícitamente por la fuerza de la represión.
Hay algo más: la privación a los habitantes de un Estado, es decir, al pueblo, del mínimo de derechos que se le debe reconocer por su simple condición humana, entrando en la flagrante violación de los derechos humanos, cuyo desconocimiento disminuye la condición de ciudadano a la de un mero objeto sumiso y sometido. Desafortunadamente, la soberanía de los países de América Latina, a través del tiempo, ha sido vulnerada y minimizada por actos cometidos no necesariamente por un tercer Estado, sino por los propios nacionales de esos Estados. Dictadores y dictadorzuelos sin Dios ni ley que, posiblemente en los últimos 125 años, han causado más daño en nuestros países que el realizado por la agresión extranjera.
Es entonces cuando debemos definir los tipos de intervención, sobre todo la militar, entre la que ejerce un Estado o grupo de Estados para obtener algún beneficio, o aquella realizada para que el principio de autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos vuelvan a resplandecer en el Estado intervenido.
Y es en virtud de todo lo anterior por lo que la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, instituyó en 2001 la Carta Democrática, para fortalecer el principio de la democracia representativa, mediante la cual se debe proteger a los gobiernos que representan a los Estados y, por ende, a los ciudadanos, por tratarse de gobernantes elegidos dentro de un sistema transparente y democrático. Esa defensa de la democracia se ejercería a través de mecanismos que desarrollarían acciones solidarias cuando esta fuera resquebrajada o quebrantada en algunos de sus miembros.
Bajo este contexto, ¿cómo podemos descifrar lo que hoy sucede en Venezuela?
En primer lugar, estamos claros en que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos, cuyos gobernantes, en especial Nicolás Maduro, tuvieron todas las posibilidades otorgadas por miembros de la comunidad internacional para dejar el poder. Esto justificó que la potencia más poderosa del mundo interviniera militarmente y, por medio de una operación muy quirúrgica —si es que no hubo complicidad dentro de las huestes chavistas—, atrapara a Maduro y a su esposa, quienes hoy están detenidos en Nueva York ante fuertes acusaciones criminales de todo tipo.
¿Es el interés de Estados Unidos que Venezuela recupere el camino democrático? No lo parece. El presidente Trump, quien calificó a María Corina Machado como una mujer muy “gentil”, afirmó que ella no tiene el apoyo del pueblo venezolano. A Edmundo González Urrutia, el legítimo presidente de Venezuela cuyas actas de triunfo están resguardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá, ni siquiera lo ha mencionado. El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el presidente Trump debe buscarse mejores asesores ante su afirmación de que Estados Unidos administrará Venezuela por un tiempo, agregando Mulino que él no es el dueño de ese país. Mientras tanto, el embajador de Panamá ante la ONU rechazó cualquier transición en Venezuela que incluya al “madurismo”.
A pesar de la injustificable invasión a Panamá, ocasionada y promovida por los desatinos de Manuel Antonio Noriega, el entonces presidente George Bush dio como razones de esta intervención armada la restauración de la democracia panameña, el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, la protección de los intereses y ciudadanos estadounidenses en Panamá y la aprehensión de Manuel Antonio Noriega por delitos de narcotráfico. Tomó el poder, en aquel entonces, Guillermo Endara, quien había ganado abrumadoramente las elecciones de mayo de 1989.
En el caso de Venezuela, la estructura militar e institucional del régimen chavista permanece activa e intacta. El presidente Trump no solo ha descalificado a María Corina Machado como líder, sino que, a través del secretario de Estado, según dijo, ha tenido contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del actual e ilegítimo gobierno chavista, quien asume el poder ante la caída de Maduro. Con ella coordinarían las acciones para establecer y recuperar, a través de una transición, a las mejores empresas petroleras del mundo para el beneficio de los venezolanos.
En este momento no sabemos si lo afirmado por el presidente de los Estados Unidos cumpliría con la “Venezuela libre… protegida por la mano de Dios, hasta el final”, a la que se refirió en su primer mensaje María Corina Machado, o si se trata de una estrategia para que, antes de incluir a los verdaderos representantes del pueblo venezolano según el resultado en las urnas, se desmantele el chavismo para entonces reconocer la soberanía popular venezolana.
Pareciera que quienes ganaron legítimamente tendrán que esperar su turno hasta que Estados Unidos y la corrupta dictadura se pongan de acuerdo para dejarlos gobernar. Por supuesto que Venezuela, hoy sin Maduro, está mejor que ayer, al menos anímicamente. Pero el hambre de terminar de tragársela, o las ganas de comérsela, ponen en peligro la esperanza democrática.
Al día de hoy no se conoce una hoja de ruta que, además, involucre a las fuerzas vivas del país en su totalidad, incluyendo al frente opositor que ganó las elecciones en 2024. Sorprende también la decisión de limitar la transición a quienes han destruido Venezuela durante 26 años, bajo lo que Delcy Rodríguez califica como una “agenda conjunta de cooperación” con Estados Unidos.
En conclusión, una transición en Venezuela sin Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado es preocupante. El primero es el presidente legítimo y la segunda, premio Nobel de la Paz, quien le cedió al primero su caudal político para que ganara la presidencia. Peor aún cuando el secretario de Estado ha dicho que, aunque María Corina es fantástica, la mayoría de la oposición venezolana se fue del país. Pareciera que el interés mercantilista de controlar el petróleo —el sofisma geopolítico— supera la necesidad democrática que Venezuela pide a gritos: la soberanía popular. Ojalá me equivoque.
El autor es abogado.
