Durante años, el mundo observó a Venezuela como un país atrapado entre una dictadura cada vez más fuerte y una oposición incapaz de romper el cerco del poder. La narrativa parecía irrompible. Nicolás Maduro utilizó durante años el fantasma de una invasión estadounidense para cohesionar a sus seguidores y justificar la militarización del Estado. Paradójicamente, el escenario que tanto denunció terminó ocurriendo de una forma muy distinta a la imaginada. La presencia estadounidense en Venezuela dejó de ser una amenaza para convertirse, al menos para una parte de la población, en un símbolo de esperanza.
La primera reacción podría ser de alivio. La liberación de cientos de presos políticos, el regreso de dirigentes opositores, la reapertura de espacios para la actividad política y el descenso de la represión son noticias que cualquier demócrata debería celebrar. Después de años de persecución, censura y exilio, cualquier respiro merece reconocimiento.
Sin embargo, los procesos políticos nunca son tan simples como parecen. La historia enseña que, cuando aparece un vacío de poder, rara vez permanece vacío. Siempre llega alguien dispuesto a llenarlo. La pregunta nunca ha sido únicamente quién sale del poder. La verdadera pregunta es quién ocupa el espacio que deja.
Mientras los venezolanos celebraban una disminución de la persecución política, inversionistas internacionales ya recorrían Caracas buscando oportunidades en petróleo, minería, turismo y tecnología. Fondos de inversión hablaban de miles de millones de dólares, de reactivar pozos petroleros y de convertir al país en uno de los mercados más atractivos del continente.
No hay nada malo en atraer inversión. Venezuela la necesita desesperadamente. Después de años de destrucción económica, la reconstrucción exige capital, tecnología y confianza. El problema aparece cuando la velocidad con que llegan los inversionistas supera aquella con que se reconstruyen las instituciones democráticas.
Los terremotos que devastaron parte del país aceleraron aún más ese fenómeno. Estados Unidos respondió con rapidez y desplegó ayuda humanitaria y recursos militares. La población, golpeada por la tragedia y abandonada durante años por un Estado incapaz de responder, recibió esa ayuda con gratitud. Era una reacción perfectamente comprensible.
Pero la ayuda humanitaria también puede convertirse en una herramienta de influencia geopolítica. Lo ha sido históricamente. Las grandes potencias no actúan al margen de sus intereses estratégicos. Estados Unidos busca estabilidad regional, seguridad energética e influencia en el Caribe. China, Rusia e Irán también han defendido durante años sus propios intereses desde el otro lado del tablero.
Por eso resulta ingenuo pensar que la discusión gira entre buenos y malos. La verdadera discusión gira alrededor de los intereses nacionales. Cada potencia protege los suyos. El verdadero desafío consiste en que Venezuela logre proteger los propios.
El entusiasmo internacional por la recuperación venezolana resulta comprensible. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y un enorme potencial minero, agrícola y turístico. La posibilidad de reconstruir una economía profundamente deteriorada representa una oportunidad extraordinaria para cualquier inversionista.
Sin embargo, existe una diferencia enorme entre reconstruir un país y comprarlo. Esa línea puede volverse peligrosamente delgada cuando las instituciones todavía son frágiles y la necesidad económica obliga a aceptar condiciones que, en circunstancias normales, quizás nunca serían negociadas.
La verdadera prueba para Venezuela no será cuántos pozos petroleros logre reactivar ni cuántos miles de millones de dólares lleguen desde el extranjero. La prueba será mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más difícil. Consistirá en demostrar que el país puede construir instituciones capaces de sobrevivir a cualquier gobierno y a cualquier aliado internacional.
Mientras las cifras económicas muestran señales de recuperación, también evidencian que la transición política permanece inconclusa. La apertura económica avanza a mayor velocidad que la consolidación democrática.
Quizás el dato más revelador no sea el crecimiento proyectado ni la llegada de nuevas inversiones. Lo verdaderamente significativo es que María Corina Machado continúa fuera de las principales negociaciones políticas internas pese al respaldo ciudadano que ha acumulado. Eso significa que una parte importante de los venezolanos sigue esperando una transición que todavía considera incompleta.
Ese detalle cambia la lectura del momento histórico. Si uno de los principales liderazgos opositores permanece al margen de las principales decisiones, resulta prematuro afirmar que la democracia ya regresó. Lo que existe, por ahora, es una oportunidad. Y las oportunidades pueden aprovecharse o desperdiciarse.
La experiencia latinoamericana ofrece suficientes lecciones para evitar el triunfalismo. La región conoce demasiado bien gobiernos que prometieron libertad y terminaron concentrando nuevamente el poder. También conoce reformas económicas exitosas que nunca fueron acompañadas por instituciones sólidas. Cuando eso ocurre, el crecimiento termina beneficiando a unos pocos, mientras la frustración vuelve a abrir la puerta al populismo.
La reconstrucción económica es indispensable. Nadie puede discutirlo. Un país devastado por años de autoritarismo necesita inversión, empleo y estabilidad. Pero el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza justicia, independencia judicial, libertad de prensa ni elecciones transparentes.
Todo ha cambiado y, al mismo tiempo, mucho permanece pendiente. Ha cambiado el equilibrio de poder y también quién tiene mayor influencia sobre el acceso a la riqueza venezolana. Lo que sigue pendiente es transformar las estructuras que permitieron el deterioro democrático durante décadas.
Esa realidad debería convertirse en una advertencia para toda América Latina. Los países no salen del autoritarismo únicamente porque cambie el ocupante del palacio presidencial. Salen cuando existen tribunales independientes, organismos electorales confiables, fuerzas armadas sometidas al poder civil y ciudadanos capaces de fiscalizar a quienes gobiernan.
Venezuela parece haber dejado atrás una etapa oscura de su historia. Eso merece reconocimiento y esperanza. Sin embargo, la euforia suele ser una mala consejera. Las democracias no se reconstruyen con la rapidez con la que se reabren los mercados financieros ni con la velocidad con la que aterrizan los inversionistas.
La libertad no se mide por el precio del petróleo, ni por la cantidad de capital extranjero, ni por el número de empresas que regresan. Se mide por la capacidad de un ciudadano para expresar sus ideas sin miedo, elegir a sus gobernantes y exigirles cuentas cuando incumplen sus promesas.
Si Venezuela logra consolidar esas libertades, el cambio habrá sido auténtico. Si no lo hace, simplemente habrá sustituido una dependencia por otra. La historia latinoamericana demuestra que ese tipo de victorias suele durar mucho menos de lo que duran los titulares.
El autor es médico sub especialista.
