Defiendo la educación privada, a pesar de que me eduqué orgullosamente en una escuela pública, porque hoy día la educación pública va a pasos lentos. Me llamó la atención un artículo titulado “Cuando la educación pasa de ser un derecho social a un negocio” (La Prensa, 8/3/2017). Pues bien, por orden constitucional y mediante la Ley Orgánica de Educación, es deber del Estado velar y brindar educación a su población. Sí, es un derecho social, al igual que la salud, y en ambas áreas los ciudadanos invierten más en lo privado que en la utilización del sector público.
No todos los colegios particulares solicitan donaciones, ese grupo es minúsculo, y los que ingresan a estos son los hijos de la alta sociedad, que no ponen “ni un pero” para donar o pagar lo que sea por esas matrículas. Ese grupo minúsculo perjudica el resto de las escuelas, porque crea una idea monstruosa ante la sociedad respecto al negocio del servicio de enseñanza.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realiza operativos y sanciona el monopolio. No todas las escuelas privadas exigen medias y otras prendas de vestir con su logo. De igual forma, representan el grupo minúsculo que afecta a la mayoría. Si un colegio privado obliga al padre de familia a comprar libros y uniformes en el plantel, se expone a una multa segura, ya que la Acodeco no para de perseguir estas acciones en las escuelas privadas.
El precio de los textos no depende de las escuelas. Vivimos en un mundo cambiante y la educación tiene que ser cambiante e ir a la vanguardia.
Hoy no se asiste a bibliotecas, hoy es obligatorio tener una computadora e internet en casa. Ese sacrificio lo hacen tanto los padres de familia con hijos en las escuelas públicas como en las privadas.
No es cierto que el Estado subsidia o aporta algún beneficio a los centros de educación privada. El grupo que recibe subvenciones también es minúsculo (son las escuelas católicas). Tanto los terrenos como las edificaciones han salido del bolsillo de los empresarios, sin ayuda alguna del Estado. El aumento de las matrículas y mensualidades responde a muchos rubros, tales como infraestructura, mobiliario, tecnología, servicios públicos, impuestos y, lo que más afectará, es el aumento del salario de los educadores.
La salud también es un derecho social, pero cada día vemos que se muere más gente por la falta de dinero, por no poder pagar los exámenes, medicinas y estudios costosísimos. Cada día se incrementa más la cantidad de clínicas y hospitales privados, esos sí que especulan con los precios y nadie los regula.
Considero que hay que despertar al máximo la conciencia ciudadana, sobre todo de esos padres de familia que hacen un sacrificio para brindarle a sus hijos una buena educación. Los colegios privados son negocios y aspiran a una utilidad –lo malo es cuando abusan– y representan un bastón para la coja educación pública. El incremento que se ve venir en el costo del servicio de educación no será un capricho ni la culpa del sector privado. Es consecuencia de la equiparación de salarios a los docentes anunciada por el Gobierno. Los centros de educación pequeños y medianos desaparecerán por no poseer dinero suficiente para afrontar un tremendo golpe económico.