Recientemente, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un 25 de noviembre agrio, gris y sombrío, pues sigue reflejando una dura realidad que no ha cesado en los últimos años: cada vez recrudece la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes. Siendo la mayor expresión de la violencia hacia el género femenino, el femicidio.
Panamá ha aprobado dos instrumentos internacionales que son leyes de la República: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida mayormente como Belem Do Pará. Ambas convenciones establecen la ruta de Estado en atención a la prevención, erradicación y sanción de la discriminación y las violencias, haciendo énfasis en los esfuerzos que deben articularse para transformar las relaciones asimétricas de poder, los atavismos socioculturales y la cultura patriarcal machista.
No obstante, a pesar de que Panamá ha avanzado de forma significativa en la aprobación de diversos marcos normativos para garantizar el acceso con justicia y equidad para las mujeres en el ámbito político, social y económico, no menos cierto es que lejano se encuentra el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva; la igualdad de oportunidades; la paridad de género; la protección integral de derechos humanos; fallos o decisiones judiciales con perspectiva de género; el cumplimiento de los protocoles de atención a víctimas del delito, en específico, de violencia de género, violencia sexual o violencia doméstica; que la Ley 82 de 2013 sea aplicada por las autoridades y auxiliares de la justicia y que se cuente con una política de Estado en materia de género y niñez.
Nos encontramos ante un desafío que requiere la mayor atención de todas y todos, pues la agenda de Estado no sólo se construye o impulsa por iniciativa del gobierno o de la Asamblea.
Precisamente, la Ley 82 de 2013 fue producto de las demandas de diversos sectores de la sociedad, de las activistas feministas y de organizaciones de mujeres para que se legislara sobre la muerte violenta de mujeres por la pertinencia al género y sobre las connotaciones de las diversas expresiones de violencia y odio que existen contras las mujeres.
Este resultado fatídico deja en clara evidencia que los prejuicios, los estigmas y las normas socioculturales están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, puesto que la cultura patriarcal machista subyuga, cosifica y ejerce control y poder sobre los cuerpos de las mujeres y su autonomía. Las estadísticas son sólo el reflejo del poco esfuerzo que hace el Estado panameño por generar acciones concretas para la prevención. Tampoco podemos minimizar la grave crisis que actualmente existe y simplificarlo a un número. El problema de fondo nos da un indicativo de que como sociedad somos indiferentes y toleramos cualquier expresión de violencia, acoso o discriminación lo que repercute en la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres, y de la sociedad en su conjunto.
La solución inmediata no será la de aumentar las penas, pues sólo es la dimensión de un paliativo que requiere de un profundo análisis sobre el problema multifactorial al que nos enfrentamos, la descomposición del tejido social; la brecha de género y digital; la transformación de las relaciones inequitativas en torno a la labor de cuidados; el reconocimiento y la visibilización del trabajo no remunerado que realizan las mujeres; el sistema educativo y formativo; una ley de salud sexual integral; las herramientas de acceso a la justicia, y los controles que se requieren y que atraviesan la uniformidad de protocolos de atención integrales. La acción del Estado panameño es impostergable e ineludible, en tanto no haya la voluntad política y el compromiso para dinamizar y ejecutar políticas públicas, seguirán violentando y matando a más niñas, adolescentes y mujeres.
La autora es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados.
