Recientemente la Defensoría del Pueblo confirmó las graves violaciones a los derechos humanos en el caso de un adolescente que murió con dengue y cómo le fueron vulnerados sus derechos, al negársele la atención en el hospital público. Tristemente este es el problema que viven a diario todos los panameños porque no existen protocolos claros de traslados de unidades ejecutoras y no se tratan de arreglar estos temas, tal vez porque los asesores no atienden pacientes a nivel público.
Ojalá la actual Defensoría del Pueblo (2021-2026) hubiera investigado la falta de insumos quirúrgicos en las salas de cardiología de la ciudad de la salud ante la denuncia de los pacientes hospitalizados o las denuncias del sobreuso de la membrana dialítica en las máquinas de hemodiálisis por los pacientes renales por un diputado de la asamblea nacional. Ojalá no sigan esperando muertes para trabajar por el pueblo.
La violencia institucional es cuando el poder del Estado se usa para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación; y autores como Dane Curtin y Robert Litke (Institutional violence, 1999 Atlanta, Estados Unidos), extienden este concepto al sistema de salud. Uno de los ejemplos más claros actualmente son las largas filas que se mostraron en las televisoras para una cita médica en la policlínica de Juan Díaz porque no había sistemas informáticos. No es negligencia de los médicos que no haya sistema y no se puedan resolver sus problemas de salud.
Ciertas preguntas debemos hacernos, como ciudadanos panameños comprometidos, responsables y -con sentido de pertinencia-, ante las millonarias inversiones en salud: ¿Por qué los médicos como medida desesperada les pedían a los pacientes asegurados que compraran su quimioterapia? ¿Por qué abundan los resonadores magnéticos y las citas están para dos años? ¿Dónde está el Defensor del Pueblo para investigar a los asesores del Seguro antes que más personas mueran por la mala gestión?
Un médico no tuvo la oportunidad de atenderlo, es decir no fue que algún sanitario no cumplió con las normas técnicas de la profesión médica. Fue víctima de la negligencia de parámetros de atención (violencia institucional) de un hospital público de niños. El hospital público y no un médico vulneró el lex artis ad hoc.
Esperemos que la Defensoría del Pueblo no espere más muertes para investigar a profundidad la violencia institucional que sufren los asegurados y sus beneficiarios en torno a la falta de insumos quirúrgicos, la eliminación de residentes de cardiología en la Ciudad de la Salud y que investigue la falta de formación de especialistas contra la lucha del cáncer.
Que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud exijan a cada hospital una guía de manejo de las 5 patologías de mayor dificultad para el traslado a tercer nivel de atención especializada y las dificultades para aceptar los mismos. Que la muerte del menor no sea en vano y que la defensoría se ponga los pantalones e investigue a fondo la violencia institucional del seguro social.
El autor es médico sub especialista
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