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Vista Azul y el precio oculto del progreso en San Miguelito

Vista Azul y el precio oculto del progreso en San Miguelito
Parte del proyecto Vista Azul, al fondo el cerro Sonsonate y el templo Bahai. Foto: Gabriel Rodríguez

El Plan Maestro Vista Azul (Etapa 1) se promociona como “desarrollo” para el corregimiento Omar Torrijos, en San Miguelito. Pero cuando un proyecto de alta densidad se posa sobre las laderas y la cima del Cerro Sonsonate, lo que está en discusión no es un lote más, sino uno de los últimos refugios verdes, relativamente inexplorados, que aún sostienen biodiversidad y servicios ecosistémicos en el corazón urbano de la ciudad de Panamá.

La propia descripción comercial de Vista Azul habla de un complejo residencial de uso mixto y “alta densidad”, con áreas comerciales en más de 200 hectáreas y acceso desde el Corredor Norte. En lenguaje llano, eso suele significar movimiento de tierra, tala, drenajes, contaminación por ruido, contaminación del aire, contaminación lumínica y más tráfico. Esa presión no llega a un área rural: llega a un cerro que funciona como pulmón y esponja natural para comunidades ya saturadas de contaminación y calor.

El Cerro Sonsonate no es “monte improductivo”. Es altura, microclima y corredor biológico en plena ciudad. Perder su cobertura vegetal implica perder regulación natural: menos sombra, menos humedad y más isla de calor; mayor escorrentía e inundaciones; menor infiltración y recarga hídrica; menos hábitat para aves, insectos y plantas. En una capital que ya siente el peso del calor y las lluvias extremas, urbanizar por completo un cerro equivale a borrar un seguro ambiental que no se repone con más cemento.

Y el argumento no es romántico: es práctico. A un costado del Corredor Norte circulan diariamente miles de vehículos; en ese paisaje de emisiones de CO2, micro y nanopartículas de plástico y hollín, cada hectárea de vegetación ayuda a amortiguar la temperatura, filtrar partículas y almacenar carbono. Cuando se arrincona la naturaleza urbana, la ciudad paga la cuenta en salud e infraestructura. Panamá ha sido reconocida por su alta cobertura boscosa y por capturar más dióxido de carbono del que emite; destruir parches de bosque urbano va en dirección contraria.

El fondo del asunto también es económico: este modelo concentra la ganancia en pocos —inversionistas y propietarios de macro lotes— y reparte los costos entre muchos: más calor, más presión sobre el agua y los drenajes, más congestionamiento y menos naturaleza accesible. Es la fórmula conocida de privatizar el beneficio y socializar el daño. San Miguelito no puede seguir aceptando que su “progreso” signifique, una y otra vez, perder calidad ambiental para engordar balances ajenos.

Hay una salida mejor: proteger el Cerro Sonsonate como área de conservación con uso público regulado y convertirlo en motor de empleo local mediante turismo de naturaleza, educación ambiental y recreación segura. Un referente lo demuestra: las terrazas y jardines bahá’ís en Haifa (Monte Carmelo), Israel, abiertos al público en 2001, hoy reciben más de un millón de visitantes al año. San Miguelito podría desarrollar una versión propia —un proyecto tipo “Jardines Colgantes del Cerro Sonsonate”, con apoyo de la Casa de Oración Bahá’í— con senderos, miradores, viveros y guías comunitarios en un espacio de más de 100,000 m².

La iniciativa podría generar más de 200 empleos directos permanentes y unos 600 indirectos, dinamizando sectores como construcción, jardinería, seguridad, transporte, turismo, restaurantes y comercio local. Además, aportaría ingresos municipales sostenidos si se gestiona con transparencia y límites de carga ambiental. Con una inversión inicial estimada en 14 millones de dólares, financiados mediante bonos verdes, bonos azules y otras líneas de crédito de largo plazo, y una proyección de 600 mil visitantes al año, el Municipio de San Miguelito —como dueño y operador— podría obtener hasta 2 millones de dólares anuales en beneficios netos.

Por eso, la comunidad y el Municipio de San Miguelito deben oponerse —con argumentos y organización— a cualquier intento de urbanizar todo el cerro. Oponerse no significa estar contra el desarrollo; significa exigir estudios ambientales completos, acceso público a planos y permisos, audiencias reales y decisiones municipales que prioricen el interés colectivo sobre el negocio rápido.

San Miguelito necesita una visión que transforme el ánimo de sus ciudadanos: pasar de la resignación al orgullo de cuidar lo propio. Un cerro vivo puede ser aire, agua, escuela y empleo. Un cerro parcelado significa más concreto y más carros, sin resolver lo esencial. Pan para hoy, contaminación para mañana. La pregunta no es si podemos construir en el Cerro Sonsonate; es si, pudiendo conservarlo, tenemos derecho a permitir su destrucción.

El autor es ecologista y especialista en desarrollo humano sostenible.


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