En Panamá, el acceso a la vivienda ya no es solo un desafío social: es una restricción estructural. Hoy, cerca de siete de cada diez panameños no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir una vivienda. En términos prácticos, esto significa que amplios segmentos de la población, incluida buena parte de la clase media, están quedando fuera del mercado formal.
No se trata de una percepción. Es una tendencia que se agrava. Hogares con ingresos por debajo de B/.900, e incluso hasta B/.1,000 mensuales, enfrentan barreras crecientes para acceder a una vivienda nueva. Y cuando el acceso se restringe, no solo se afecta a las familias: se compromete una de las bases del crecimiento económico.
En el debate público reciente, ha ganado terreno una narrativa que presenta la vivienda como una presión fiscal o un costo que debe contenerse. Pero los datos apuntan en otra dirección. La vivienda, y en particular la construcción, es uno de los motores más potentes de la economía panameña.
Cada balboa invertido en el sector genera B/.2.34 en actividad económica y B/.0.24 en ingresos fiscales. A la inversa, por cada dólar que no se invierte, la economía pierde cerca de B/.2.35. Esto implica que frenar la construcción no es neutro: la recaudación directa que se busca proteger puede verse ampliamente superada por pérdidas en otros ingresos, estimadas en más de B/.131.5 millones, con un impacto cercano al 1.6% del PIB.
El efecto es aún más visible en el empleo. Más de 150,000 personas dependen directamente del sector construcción, y en algunas provincias del interior esta actividad representa hasta el 20% de la economía local. Cuando se desacelera, el empleo no encuentra sustitutos equivalentes: se desplaza hacia sectores más informales, con ingresos que pueden rondar los B/.300 mensuales. El resultado es una caída en los ingresos, mayor vulnerabilidad y presión social.
A esto se suma un elemento crítico: el acceso a la vivienda es altamente sensible a los costos de entrada. Medidas como el impuesto de transferencia del 2% introducen una barrera directa, al tratarse de un pago inicial no financiable. En la práctica, esto puede significar más de 10 meses adicionales, y hasta casi tres años en los segmentos más bajos, para lograr el ahorro necesario. También implica la pérdida de cientos de créditos en el corto plazo y más de mil en el mediano plazo. No estamos hablando de ajustes marginales. Estamos hablando de exclusión.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera el déficit habitacional, estimado en 180,000 viviendas. Cuando el mercado formal se contrae, esa brecha no se mantiene: se amplía. Y lo hace con mayor intensidad en el interior del país, donde las oportunidades son más limitadas.
La discusión, por tanto, no debería centrarse en una falsa dicotomía entre recaudar o crecer. La evidencia muestra que restringir el acceso a la vivienda termina debilitando ambos objetivos. Menos vivienda formal implica menos construcción, menos empleo, menor consumo y, en última instancia, menor recaudación.
La política de vivienda no es un asunto técnico aislado. Es una decisión estratégica sobre el tipo de país que se quiere construir: uno que amplía oportunidades, fortalece su clase media y dinamiza su economía, o uno que, gradualmente, las restringe. La evidencia está sobre la mesa. La decisión, también.
El autor es presidente de Convivienda y exministro de Economía y Finanzas.
