Un reconocido y respetado periodista panameño que trabaja en Sertv resalta las indicaciones de Cortizo sobre el suficiente potencial de Panamá para remontar con rapidez el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el bajo crecimiento económico que significo la pandemia de la covid-19, a partir del año 2020.
Eso nadie lo duda, cuando hace 33 años superamos 21 años de dictadura militar, los atropellos de un narcodictador que le declaró la guerra a Estados Unidos, una perversa invasión de quienes crearon y mantuvieron a ese narcodictador desde las profundidades de la propia CIA, un saqueo espeluznante y generalizado al comercio nacional, un Estado quebrado por los robos al erario de quienes se plegaron a los dictadores y un gobierno aislado internacionalmente y sin apoyo financiero ni político de ningún tipo. De acuerdo con su comprobado mensaje, los centros comerciales hoy venden $600 millones mensuales, las ventas de carros repuntaron en septiembre, registrando el tercer mayor crecimiento mensual en un 20%, las exportaciones en los primeros 9 meses del año sumaron un 18% más del valor FOB que lo registrado en 2021, el desempeño de los productos del sector industrial creció 21.5% y el sistema bancario nacional registró un crecimiento en la cartera de crédito bruta, entre otras cifras que demuestran el empuje con el que se ha ido recuperando la economía nacional.
Nada de lo anterior debe sorprendernos porque es producto del permanente trabajo y motivación que ha caracterizado a los panameños para levantarse de una crisis de cualquier naturaleza. La pregunta sería cuál ha sido la actuación del gobierno y en particular del presidente en todo este proceso. Y una de las maneras de medir la intención y el comportamiento de un gobierno en apoyar el esfuerzo del ciudadano a través del fortalecimiento a la empresa privada, creando las condiciones de confianza para generar inversión, es la elaboración de un presupuesto general del Estado, el cual debe ser lo más prudente, balanceado y cónsono con la realidad nacional.
El presupuesto correspondiente al año 2023, por ejemplo, ha sido aprobado en la astronómica suma de $27,579 millones (según consta en la Ley 336 de 14 de noviembre de 2022). Un aumento de 7.4% sobre el presupuesto de 2022, además con un déficit fiscal proyectado en $2,194 millones.
Concibiendo $15,928 millones en gastos corrientes sobre $11,650 millones en gastos de capital, es decir, siguen los gastos corrientes (operaciones del aparato estatal, incluyendo planilla, y los intereses de deuda) teniendo un peso mayor que las inversiones.
Destinando a la planilla $4,142 millones (que en 2022 de enero a septiembre ha arrojado un gasto de $2,914.9 millones o $96 millones más que en 2021) y $2,219 millones para los intereses de la deuda.
Parece que el análisis periodístico publicado en Sertv no toma en cuenta que este año 2022, el Estado ha tenido $395 millones menos que lo previsto en ingresos corrientes, es decir, un 7.4%. Brecha entre lo presupuestado y lo recibido, que ha ido aumentando en negativo mes a mes. Mientras que, de enero a septiembre de 2022, el balance fiscal arrojó un déficit de $3,527.3 millones. Déficit que, proyectado para el cierre de este año, equivaldría al 5.17% del PIB, cuando el objetivo en el balance fiscal del ejercicio completo, de acuerdo a la ley de responsabilidad social fiscal, es un 4% (habría entonces que enmendar la ley convenientemente, antes de que termine el actual periodo fiscal para no violarla).
Si revisamos el impuesto indirecto del ITBMS, que se relaciona con las cifras de ventas en centros comerciales, agencias de carros y sector industrial, notamos que el monto recaudado en 2022 de enero a septiembre, se queda corto en $172.6 millones o 22.1% menos que lo proyectado en el presupuesto de 2022. O sea que el impuesto al consumo no ha crecido lo suficiente para cubrir las expectativas del gobierno. Y si repasamos el total de los impuestos indirectos (importación, consumo, combustible y ventas entre otros) hasta septiembre de 2022, se han recogido casi $225 millones menos que lo previsto.
Además, no olvidemos el Informe Anual de la Pobreza y Pobreza Extrema en Panamá, elaborado por la iniciativa Panamá sin pobreza y actualizado en noviembre 2022, que coloca a 1 de 4 panameños en el rango de la pobreza. Tasa estimada en un 25% de la población, que afecta a 1.1 millón de panameños, de un aproximado de 4.3 millones de habitantes. Asimismo, 1 de cada 10 panameños vive en la indigencia o en la extrema pobreza, o sea, no dispone de los recursos para suplir sus necesidades básicas de alimentación. Este 10.6% de la población equivale a un aproximado de 464 mil panameños. Agreguemos a estas cifras un 9.9% de desempleo en la población económicamente activa, que no incluye a los 230 mil 187 panameños que en noviembre de 2022 se les entregará vale digital, precisamente porque no tienen trabajo. Eso elevaría sustancialmente el desempleo a más del 20%. Como si esto fuera poco, el 48.21% de la población económicamente activa vive de la informalidad, cuyo aumento continuo y desproporcionado agrava la crisis del IVM, en virtud de que menos del 20% de ella cotiza en la Caja de Seguro Social. Mientras que el presidente afirmó, a través de un testaferro, que por falta de capital político, no hará nada para contener esa crisis.
No negamos el empuje y la recuperación de la economía panameña, cuyos protagonistas han sido ciudadanos que, sin haber necesitado de una planilla del Estado, pudieron levantarse y seguir adelante cuando otros, en el medio del aprieto, siguieron cobrando de los fondos públicos absolutamente todo sin hacer nada.
El autor es abogado.
