La crisis que, desde hace varios años, está viviendo la sociedad panameña adquiere un mayor pronunciamiento en el aspecto jurídico por la sencilla razón que es el andamiaje y cobertura de todas las relaciones de la vida en sociedad. No hay valores económicos, sociales, educativos, culturales, familiares, éticos, políticos y hasta morales que no estén dentro un marco jurídico, de ley o legitimidad. También, bastante se ha dicho, escrito y escenificado, en los medios de comunicación social, sobre la tergiversación y pérdida de esos valores, de manera que esa mencionada cobertura jurídica está caduca, es falsa, extraña, manipulada o amañada a esas situaciones sociales antivalores y antijurídicas que, ahora sí, han matado la “teoría pura del Derecho”.
Las injerencias de otro(s) Estado(s) en los asuntos internos de otro Estado, con sus secuelas de “sanciones” (?) o agresiones impunes; el maremágnum que se da en la lucha interna entre los Poderes del Estado, el caos judicial en donde cada Juez tiene su propio Código de procedimientos para la “justicia selectiva”; en el que la importación de sistemas judiciales tampoco responden a las condiciones objetivas de la sociedad ni a la capacidad profesional de los encargados de administrarlos; la proliferación y relajación competitiva de supuestas universidades por graduar seudos “licenciados, especialistas, magister y doctores, etc.” en derecho, son, entre otras, las causas indiscutibles de la orfandad jurídica de los proyectos de leyes, de los decretos, resoluciones, autos y sentencias que dictan nuestras “autoridades”. Es pues toda una conjunción de condiciones objetivas y subjetivas que mantienen en zozobra a los panameños respecto a su futuro individual y colectivo.
En ese sentido, no es extraño que ahora la Asamblea Nacional pretenda reacomodar el Presupuesto General del Estado, atribuyéndose una facultad genuina e indeclinable del Poder u Órgano Ejecutivo como parte de sus funciones ejecutivas y de administración del erario público. Esta pretensión es reiterativa ya que por medio de leyes han querido destinar fondos a determinados fines sin cumplir ningún estudio previo o por una supuesta causa social. Por suerte la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa y sentado doctrina en el sentido de que esta es una función privativa del Órgano Ejecutivo. La rebatiña por introducir, cada diputado, partidas presupuestarias o exoneraciones para su gente, sería una debacle. No queremos pensar que los asesores legales no hayan advertido este disparate.
Y, es que, desde años, la Asamblea de Nacional ha venido aprobando proyectos de leyes del Ministerio de Economía y Finanzas en los cuales los principios jurídicos de la tributación han ido a parar al panteón de la ignorancia. Y la DGI ha dictado resoluciones que usurpan materias propias de ley o de la función legislativa, y nadie protesta. Por ello no es extraño que ahora los diputados pretendan buscar, “desde ya” su fuente financiera electoral.
Por último surge la percepción de que ha sido un error nombrar una comisión tan desbordante para las reformar constitucionales propuestas, y, otro error es el haberlo enviado a la Asamblea. Como dice el adagio “muchas manos en un plato, solo sirven de arrebatos”... de cada quien.
Tememos que todo esto se ha hecho a propósito para que haya que comenzar de nuevo de cero. Quizás así podamos volver al cause jurídico y resucitar al derecho en nuestro país.
El autor es abogado