El significado de “retorsión”, según la RAE, es acción de devolver o inferir a alguien el mismo daño o agravio que de él se ha recibido. Como se puede entender, no es venganza sino una justa acción de reparación de un daño por quien lo causó.
El resultado de la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero debe traer consecuencias para los que causaron daños a la población en general, debido a sus acciones. Un jurista internacional expresó algo como: “el hecho de que un Estado no conozca sus propias leyes no es excusa para perjudicar a terceros”.
Los responsables por los daños causados a la población afectada son diversos, por lo que mencionaré algunos, empezando por el presidente, vicepresidente, sus ministros, asesores y los diputados que votaron a favor del contrato de la mina en una forma expedita e inconsulta.
Demostraron un total desconocimiento de la Constitución y los tratados internacionales y falta de simple sentido común, irresponsabilidad esta que causó un caos generalizado a la población y la actividad productiva. Adicional a estos, están los estamentos jerárquicos de la policía, que fueron simplemente espectadores durante el caos y no protegieron el derecho del libre tránsito, sino que más bien parecía que hicieron honor a su lema y protegían y servían a los facinerosos.
Me parece que la retorsión justa que se les debe aplicar a estos es que se les rebaje el salario, gastos de representación y demás emolumentos indirectos que reciben a la mitad, a partir del 1 de diciembre, y se establezca un fondo para reparar daños a los afectados por sus acciones totalmente injustificadas por ignorancia y falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones como servidores públicos.
Aunque esta medida sea simbólica, pues de seguro no se verán afectados porque tienen medios de resarcirse con creces. Claro que también les debe caer el peso de la ley a esta nueva casta con el ADN de Bunau-Varilla, porque si no son traidores a la patria, entonces no se quiénes pudieran ser.
Me voy a referir ahora a los grupos originarios causantes de los perjuicios a los productores y poblaciones de Chiriquí y Bocas del Toro. Ellos muy contentos, pues recibían guaro, comida y dinero, como se vio en videos que circularon; para ellos fue un buen negocio y aliciente para manifestarse. De seguro que los dirigentes de los grupos originarios ni leyeron el contrato minero.
A estos grupos, además de las medidas legales correspondientes, debe suspendérsele inmediatamente toda la ayuda, subsidio o aporte que el Estado les haga y trasladar esas partidas al fondo de compensación mencionado anteriormente. Como ellos no son contribuyentes, les importa un bledo lo que el Estado tendrá que pagar en honorarios legales en un arbitraje y en un fallo adverso.
Se deben delimitar nuevamente las comarcas y la tierra recuperada debe ser entregada a la comunidad productiva aledaña a los productores y a la Autoridad del Canal de Panamá. Los nuevos límites comarcales deberían ser proporcionales al número de aborígenes con suficiente área para que puedan generar su propio sustento. Siempre han querido aislarse del resto y mantener sus costumbres. Vamos a complacerlos.
También la DGI del MEF y la UAF tienen mucho terreno que arar, ahora que tienen asesores fulos y de ojos azules, y pueden contribuir con recaudaciones a alimentar el fondo para resarcir a los afectados proveniente de fulanos con enriquecimiento ilícito, patrimonio no justificado e ingresos no declarados.
Se publicaron las propiedades que tienen dirigentes sindicales que pudieran ser investigadas, los montos de los sobresueldos, las becas otorgadas a los desfalcadores por razones políticas y no por necesidad o mérito, las botellas, los nepotistas y, en fin, a la parranda de delincuentes que rondan orondamente por el patio. Y el manejo del efectivo, sin fuentes probadas, ¿quién lo fiscaliza?
A esos educadores y sus dirigentes que no tienen ni pizca de vocación y embrutecen a la población estudiantil declarándose en huelga y haciendo manifestaciones absurdas motivadas por otros gremios, no hay que suspenderle el salario, sino despedirlos y reemplazarlos con educadores de primer mundo, que vengan a enseñar matemáticas, física, ciencias, informática e idiomas y seleccionar a los educadores locales con vocación probada que enseñen ciencias sociales, geografía, cívica y, claro, alguien tendrá que enseñar desde el primer grado lo que es ética y responsabilidad y ayudarlos a que salgan educados como buenos ciudadanos. ¿Recuerdan años atrás la huelga de controladores aéreos? Los botaron a todos y los reemplazaron inmediatamente con controladores jubilados y extranjeros. ¿Será que esos maestros son más técnicos que los controladores aéreos?
Como se puede apreciar, el Estado tiene una gran deuda cívica con la población y debe cumplirla inmediatamente, pues todos los panameños tenemos el derecho a retorsión y a que se haga justicia para verlos sufrir el castigo que les corresponde aplicándoles todo el peso de la ley.
El autor es ciudadano
