Hace unos días, leí un artículo publicado por este medio y escrito por el licenciado Alonso Illueca sobre loque él considera la “anexión ilegal”, por parte de la Federación Rusa de las provincias de Kherson, Zhaporizia, Donets y Luhanks, en el este de Ucrania. Al respecto, menciona una serie de tratados y acuerdos internacionales, haciendo énfasis en el rechazo de la famosa comunidad internacional ante tales eventos y recomienda al gobierno de Panamá mantener una posición de neutralidad.
No me considero estar en una posición para determinar la legalidad o ilegalidad de los referéndums realizados en el este de Ucrania; sin embargo, sí me considero capaz de evidenciar la típica doble moral o doble estándar que se aplica en estos casos, tanto a nivel político como mediático. Veamos el caso de Kosovo, una región de Serbia donde los kosovares, sin realizar referéndum y mediante una simple convocatoria de su asamblea regional, declararon la independencia en 2008, la cual fue inmediatamente reconocida por la gran mayoría de los países miembros de la OTAN y por la totalidad de los países del G7, a pesar que Naciones Unidas, mediante la Resolución 1244, reconoce la jurisdicción de Serbia sobre Kosovo.
Probablemente, el licenciado Illueca quiera justificar esta “excepción” a las leyes internacionales aludiendo a que los kosovares eran víctimas de la represión por parte del gobierno de Belgrado, razón por la cual quizá, al viejo estilo de los que niegan el holocausto, niega en su artículo que los rusos ucranianos del este hayan sido víctimas de una “supuesta” represión o genocidio por parte del gobierno de Kiev. Aclaró que la represión contra las comunidades rusas ucranianas están ampliamente evidenciadas, incluso por organismos como la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea), donde se estima que desde el 2014 (fecha en la que realmente inició el conflicto armado en Ucrania) hasta 2022, alrededor de 14,000 personas, entre milicianos y civiles, han muerto en el este de Ucrania. El hecho de que la narrativa política y mediática de Occidente minimice dichos eventos no los elimina de la realidad histórica.
Igualmente, en su propósito de deslegitimar el proceso en vez de ponerlo en perspectiva, Illueca escribe que parte del territorio donde se realizó el referéndum está bajo control militar (mayormente ruso, pero también de Ucrania) y que, bajo estas condiciones de guerra, no puede haber legalidad. Al respecto, es importante recordar que en 1991, en plena guerra entre las distintas naciones en la antigua Yugoslavia, se realizó un referéndum en Croacia, mientras su región del este llamada Syrmia (mayormente poblada por serbios) estaba bajo control del gobierno de Belgrado. El referéndum fue aprobado por el 90% de los votantes, en medio de la guerra y con casi el 28% del territorio bajo control serbio. Occidente no tardó en reconocer dicho proceso. Reitero, yo no pretendo deslegitimar ni legitimar ningún proceso; mi intención es dejar al descubierto la doble moral sobre temas de política internacional.
Los tratados y acuerdos que Illueca menciona en su artículo como base a sus afirmaciones de ilegalidad no son cónsonos con la realidad ni con la narrativa occidental. Otro ejemplo claro es el reconocimiento del proceso electoral en donde se declara presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Dicho reconocimiento no tiene parangón en la historia ni sustento ante ningún tratado internacional. Estas observaciones no van dirigidas a apoyar los objetivos de Rusia ni a negarle los derechos a los croatas o rusos ucranianos ni tampoco defender al gobierno de Maduro. Van dirigidos a exponer el doble estándar en temas de relaciones internacionales y a explicar que, cuando se desarrollan conflictos entre potencias, impera lo que los académicos norteamericanos describen como “Great Power Politics” (la política de los grandes poderes), donde nos guste o no, impera la fuerza. Al respecto, aunque no son los únicos, Estados Unidos es el mayor actuante en la imposición de criterios y en la interpretación, a conveniencia, de las leyes internacionales.
El autor es consultor, especialista en temas de relaciones internacionales.
