Panamá, como cualquier Estado, debe tener como objetivo principal el bienestar de su población, asegurando que todos los panameños tengan acceso a bienes públicos esenciales, tales como salud, educación y empleo, sin excepción. Estos factores son determinantes para mejorar la calidad de vida de la población.
Asimismo, el Estado panameño debe priorizar la consolidación y mantenimiento de la seguridad para su población y la integridad de su territorio, defendiendo sus intereses nacionales. En un escenario internacional cada vez más complejo y saturado de peligros, la seguridad y estabilidad nacional representan un reto constante y de creciente dificultad para Panamá.
Una mirada a nuestro entorno
El año 2025 se perfila como un periodo complejo e intenso, repleto de desafíos tanto a nivel nacional como regional. Panamá enfrenta un escenario nacional caracterizado por incertidumbres económicas, fragilidad social y desconfianza política. En el contexto regional, Centroamérica y Sudamérica enfrentan problemas de gobernabilidad, marcados por dictaduras civiles, estallidos sociales y una creciente delincuencia organizada que pone en jaque la seguridad interna de estos países, comprometiendo su paz y estabilidad.
Actualmente, países vecinos como México, Honduras, Ecuador, Colombia y Haití son claros ejemplos de cómo la criminalidad y sus efectos deterioran la paz y estabilidad, elementos fundamentales para que la libertad pueda prosperar.
Esta realidad coloca a la delincuencia organizada transnacional (DOT) en una posición de ventaja frente a los Estados, que cuentan con capacidades limitadas para hacer cumplir la ley. La DOT desarrolla estrategias empresariales para obtener ganancias ilícitas, generando un mercado propio y controlando tanto la oferta como la demanda de productos inelásticos, como las drogas, lo que da pie a una robusta economía criminal. En zonas donde la presencia del Estado es escasa o inexistente, el crimen crece y se afianza.
Este fenómeno de policrisis se manifiesta en las fronteras de Colombia, Perú y Brasil, donde la falta de control estatal ha permitido que organizaciones criminales exploten recursos naturales (tala indiscriminada, minería ilegal y tráfico de especies). Estas organizaciones incluso involucran a la población local en actividades delictivas como el tráfico de migrantes y drogas, consolidando su presencia mediante una economía ilegal que les otorga cierta aceptación o legitimidad entre la población.
Panamá también experimenta los efectos de esta dinámica criminal transfronteriza, principalmente desde Colombia, donde grupos ven al país como un espacio estratégico para sus operaciones debido a su posición geográfica, recursos valiosos y áreas apartadas con comunidades desatendidas. Esto genera un caldo de cultivo para actividades ilícitas en nuestras fronteras (tráfico de migrantes, drogas, minería y tala ilegal), cuyas consecuencias también se reflejan en las ciudades con problemas como homicidios, consumo de drogas, deserción escolar y pandillerismo.
Ante este panorama, el año 2025 plantea un gran desafío para la seguridad de Panamá, exigiendo un análisis y direccionamiento político-estratégico que permita combatir y mitigar estas amenazas mediante una política pública de seguridad bien definida que oriente los esfuerzos del Estado panameño.
El autor fue subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras y es especialista en el campo de la seguridad y defensa por 30 años de ejercicio.
