La seguridad es un factor determinante para la estabilidad y el buen funcionamiento de la organización más importante de la nación panameña: el Estado. El Estado panameño (que somos todos) es el responsable de crear y proveer esa seguridad para sus tres elementos principales:
La población panameña: su vida y bienes, así como sus libertades y derechos.
El territorio panameño: nuestra soberanía e integridad territorial, así como la conservación de nuestros recursos vitales.
Gobernabilidad: asegurar la paz y estabilidad que la libertad y democracia requieren para existir.
La construcción y desarrollo de la seguridad, ya sea nacional, pública o humana, debe alinearse con los intereses de la nación panameña: soberanía, progreso, paz social y democracia, aspectos importantes que garantizan su supervivencia y estabilidad. Para crear y proveer esa seguridad, es decisivo que durante su dirección política en el nivel estratégico se orienten los esfuerzos en tres acciones lógicas:
Identificar y establecer los objetivos nacionales de seguridad para la República de Panamá y alinearlos con los intereses nacionales de primer nivel.
Identificar el conjunto de amenazas y riesgos actuales y emergentes que atentan contra la seguridad de nuestra población, la integridad de nuestro territorio y su gobernabilidad.
Planificar las estrategias o modos de alcanzar esos objetivos nacionales de seguridad y combatir estos peligros.
El direccionamiento estratégico de la seguridad —es decir, el qué y cómo quiere el Estado panameño que se conduzca— debe hacerse a través de una política pública de seguridad y defensa, preferiblemente de Estado, para que trascienda en el tiempo y los gobiernos. Sin embargo, han pasado 24 años desde el último esfuerzo por crear una política de seguridad en Panamá, que fueron los fundamentos de la política panameña de seguridad de 2000. Desde entonces, la población, las instituciones de seguridad que la protegen y las amenazas que la afectan han evolucionado considerablemente.
Actualmente, las amenazas son más complejas, de alcance y carácter multidimensional, con una gran aceleración y peligrosidad, ya que tienen la capacidad de poner en peligro la paz y estabilidad de los Estados. Esta es una realidad que conocemos los panameños, pues hemos visto la barba de nuestros vecinos arder.
Tras un diagnóstico, mencionaremos dos amenazas que, por su alto grado de peligrosidad, aportan más riesgo a la seguridad e intereses nacionales:
Delincuencia Organizada Transnacional (DOT): Esta incluye una multiplicidad de acciones delictivas, como narcotráfico, tráfico de migrantes y minería ilegal, que tienen efectos negativos en nuestro país. Su objetivo en Panamá es enriquecerse mediante la obtención ilegal de bienes y servicios, a través del dominio de territorios, autoridades y poblaciones.
Efectos del flujo migratorio: La migración irregular tiene la capacidad de afectar y modificar las estructuras económicas y sociales de los países. Panamá, siendo un país pequeño y de pocos habitantes, es un corredor de movilidad para el tránsito diario de 1,100 migrantes, lo que trae afectaciones como:
-Alto gasto público para atender este fenómeno en salud, alimentación, vivienda y seguridad. Degradación ambiental en la selva del Darién debido a la gran cantidad de desechos tirados por miles de migrantes durante años.
-Aumento de las acciones del DOT, ya que es mucho más lucrativo traficar migrantes, lo que trae como consecuencia la proliferación de este delito en las poblaciones fronterizas, que lo ven como una respuesta a sus necesidades económicas, provocando el abandono de actividades lícitas de subsistencia, como la pesca y la agricultura.
La seguridad es el resultado de la suma de todos los esfuerzos, tanto de gobernantes como de gobernados; es un producto, una consecuencia. La misión de construir esa seguridad es un asunto de Estado, es decir, de todos, sin excepción. Apoyemos a los rectores de la seguridad en nuestro país para que esta esté al alcance de todos los panameños.
El autor es magister en seguridad y defensa.
