Al final del día, la Constitución, más allá de ser la norma suprema y todo lo demás que nos dijo Kelsen, es también un enorme monolito político y cultural. Al centrarnos exclusivamente en el aspecto normativo y en el trasfondo estructural del Estado, sin preparar adecuadamente los cimientos democráticos, dejamos de lado el problema principal: un panameño indiferente a su propia democracia.
Los datos son contundentes: el ciudadano no confía en las instituciones. No digo en el gobierno, digo en las instituciones. En ese contexto, ¿quién tiene la legitimidad para invocar una constituyente? Máxime cuando lo que allí se plasme será, para bien o para mal, el laberinto en el que las próximas generaciones deberán aprender a vivir.
Hay quienes se rascan la cabeza buscando fórmulas salomónicas para acabar con la corrupción modificando dos o tres artículos en la Constitución, pero la dura realidad es que esa estructura está destinada a colapsar nuevamente. Para decirlo de otro modo: la sociedad no cambia porque cambie la Constitución; es la Constitución la que cambia porque la sociedad se ha transformado. La reforma constitucional es la consolidación última de un cambio político profundo en las ideas de una buena parte de la sociedad.
Cambiar de Constitución sin cambiar nuestro sistema político, nuestros partidos, las dinámicas de poder y, por sobre todas las cosas, sin enseñar que la política es un acto ciudadano que puede y debe ser ejercido por todos más allá de las elecciones, es un fracaso rotundo. Es como poner pintura nueva a un edificio que se cae a pedazos. El proyecto democrático no se agota en las reglas de juego de las instituciones políticas o en los métodos para conformar un gobierno.
Necesitamos alfabetización democrática, pues parece que ni confiamos, ni creemos, ni nos reconocemos en nuestra propia democracia. Y desde dicha perspectiva tan lamentable, la solución no parece ser más democracia, sino menos. Allí donde reina la apatía ciudadana, en el país donde los “apolíticos” reniegan por no ser tomados en cuenta, pero a la vez se niegan a participar, allí no hay constitución posible más allá de un trozo de papel.
Un constitucionalista no es un mago, ni un constituyente un oráculo. La crisis de representatividad nos ha llevado a sostener por décadas un sistema que aparentemente no permite a los ciudadanos participar. Entonces, ¿tiene algún sentido quejarse? Decimos que debemos participar, pero el sistema lo impide. Decimos que debemos ser más democráticos, pero no lo suficiente como para que las minorías tomen el poder. Toleramos hipocresías de esta clase en todos los niveles de la interacción social porque, quizás, en el fondo no estamos listos para cambiar. Quizás nos gusta la democracia dosificada, lo justo para que todo funcione. Y de vez en cuando, aumentamos la dosis, solo un poco, para que las cosas no se salgan de control.
Ser apolítico es la decisión más política que existe, y también la más ingenua. La política está en todas partes: en el estacionamiento, en la fila del banco, en la matrícula de la universidad, en las becas, en los puestos de trabajo, en las relaciones familiares... Podemos no querer participar de ella, pero existe adondequiera que vayamos, donde exista el mínimo orden social o el mínimo atisbo de civilización.
Los ciudadanos necesitan entender y apropiarse de la idea de democracia. Entender la diferencia entre la participación política y la elección política. Saber que una es un ejercicio cotidiano y la otra una facultad a la que (por ahora) se nos limita cada cinco años.
Al final del día, la Constitución, más allá de ser todo lo demás que dijo Kelsen, es también el contrato social que definimos como sociedad desde la equidad, la justicia y una visión compartida de país. Y para que dicho contrato sea el mejor posible, primero debemos aprender a negociar.
El autor es abogado y asesor en temas políticos y parlamentarios.
