De no ser porque solo el diputado Luis Eduardo Camacho votó a favor del enésimo intento de impulsar un proyecto de ley que beneficie a Ricardo Martinelli —ante la propuesta presentada recientemente en la Comisión de Gobierno por el diputado del partido Realizando Metas, Jamis Acosta— estaríamos hablando de un escándalo de mayor trascendencia y consecuencias. Más aún si se toma en cuenta que esta iniciativa contó, inexplicablemente, con el respaldo institucional del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien se mostró abiertamente a favor de la propuesta.
La iniciativa presentada por Acosta buscaba modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal, con el fin de equiparar las vías de impugnación del antiguo sistema inquisitivo con las del modelo procesal vigente.
En otras palabras, la intención de fondo radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo o mixto puedan alegar violaciones de derechos fundamentales, de la Constitución y de tratados internacionales mediante recursos de casación. Además, se planteaba que las sentencias ya emitidas o en firme pudieran revisarse con base en esa misma causal, lo que ampliaría aún más los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales.
Está más que claro que el defensor del Pueblo no estaba pensando en preservar los derechos y garantías procesales de quien está preso por robar tres iguanas o de quien fue detenido vendiendo camarones durante la veda. Es evidente que una propuesta como esta, de haber sido aprobada y seguir su curso legislativo en la Asamblea, habría abierto la puerta para la revisión de la condena impuesta a Ricardo Martinelli, prófugo de la justicia y actualmente “asilado” en Colombia, quien fue condenado a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, fallo que ya se encuentra ejecutoriado.
De manera que la incongruente sustentación que intentó hacer Leblanc al mostrar su beneplácito por semejante proyecto de ley —y luego intentar distanciarse de las evidentes intenciones de favorecer a Martinelli y sus allegados— resulta verdaderamente inaudita. Más aún viniendo del defensor del Pueblo, quien por definición debe velar por los intereses del pueblo y por el respeto a la ley, en lugar de preocuparse por cómo obtener los votos necesarios para su reelección en el cargo.
No hay que olvidar que su período constitucional de cinco años vence el próximo 31 de marzo y que su aspiración de continuar en el puesto depende, precisamente, del voto de los diputados, una vez que la Asamblea Nacional abra el proceso de postulaciones para el próximo quinquenio.
Está por verse si, en el nuevo intento por encontrar subterfugios legales que favorezcan al condenado residente en Colombia, los diputados Acosta y Camacho volverán a contar con el entusiasta respaldo de Leblanc. Todo indica que lo intentarán cuantas veces sea necesario.
Por ahora, así parece. El propio defensor del Pueblo ha señalado que su énfasis siempre estuvo puesto en las personas privadas de libertad que alegan vulneraciones al debido proceso. Tal vez, siguiendo esa lógica, solo mirando al cielo pueda escuchar a alguien decirle: “Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace”.
El autor es escritor y pintor.
