Mientras la defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha presentado 16 recursos legales en el proceso que se le sigue por los pinchazos telefónicos, el magistrado fiscal Harry Díaz pidió incorporar al Código Procesal Penal un artículo que impediría declinar el caso a otra esfera si el exmandatario renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
En una nota enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, Díaz le propone modificar un artículo del proyecto de ley 245 de 2015, para que establezca que, una vez presentado el escrito de acusación, no habrá declinación a otro tribunal si en él no tiene vigencia el sistema penal acusatorio.
Con ello, explica Díaz, si Martinelli renuncia al Parlacen se evitaría que el proceso pasara al sistema inquisitivo, vigente en las provincias de Panamá, Colón, Darién y la comarca Guna Yala. Dado que la propuesta legislativa está en segundo debate, Ayú Prado no podría hacerle cambios, sin embargo, Díaz afirmó que se puede a través de un diputado.
Consultado sobre el tema, el procurador de la Administración, Rigoberto González, consideró que esta iniciativa le dará más agilidad a los procesos judiciales y evitaría que algunas investigaciones se dilaten.
No obstante, recordó que cuando en septiembre entre en vigencia el sistema penal acusatorio en todo el país, los procesos legales, sin excepción, se tramitarán bajo sus reglas.
BUSCAR CERRARLE EL CERCO A MARTINELLI
Una propuesta planteada por el magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos, evitaría que el exmandatario pudiese utilizar su renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) como una táctica para dilatar este proceso y que la investigación salga del sistema penal acusatorio hacia el inquisitivo.
El pasado 5 de enero, Díaz remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, en la cual le solicita incluir una reforma al proyecto de Ley 245 que establece cambios al Código Procesal Penal.
Propone modificar el artículo 481 de esta iniciativa, que quedaría así: “En los procesos penales que conoce la Corte Suprema de Justicia como tribunal de única instancia, se seguirá el procedimiento oral previsto en este Código para los procesos comunes u ordinarios. Cuando se haya presentado por escrito la acusación no habrá declinación de competencia si en el tribunal o juzgado que deba ejercer su competencia no tiene vigencia el sistema penal acusatorio”.
Díaz explicó que este artículo evitaría que si Martinelli, una vez detenido y extraditado a Panamá por los delitos que se le imputan, decide renunciar al Parlacen, el pleno de la CSJ pierda competencia para seguir la investigación y que el caso vaya entonces al sistema inquisitivo, que aún está en vigencia en la provincia de Panamá. El sistema penal acusatorio, de acuerdo con el calendario judicial, entraría en vigencia en Panamá el 2 de septiembre próximo.
“Aquí lo más importante de este artículo es evitar que el Estado panameño gaste miles de dólares en un trámite judicial, que luego a través de un tecnicismo quedaría invalidado”, dijo. “No me parece justo que gasten recursos, tiempo y esfuerzos de los funcionarios judiciales en un proceso serio, que posteriormente se desestime, tan solo para haber cambiado la competencia”, afirmó.
Alegó que en las actuales circunstancias, aún falta por lo menos un año más de tramitación del proceso seguido a Martinelli antes que se llegue a la fase de juicio oral.
En este sentido dijo que todavía hace falta cumplir con la orden de detención preventiva de Martinelli ordenada por el pleno de la Corte, resolver todos los incidentes presentados por la defensa de Martinelli, así como de los querellantes, revelar las pruebas que se utilizarán contra el exmandatario, para llegar al juicio oral en donde se deben presentar las pruebas.
Alegó que antes de llegar a ese etapa, Martinelli puede decir “renuncio al Parlacen’ y entonces todo ese esfuerzo queda en nada”.
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, afirmó que la propuesta de Díaz busca evitar que los abogados utilicen tácticas dilatorias al renunciar a determinado cargo que implica ser investigado por una autoridad precisa, pero que al perder esa condición queda como un ciudadano común.
Dijo que esto se aplica en el caso de diputados, magistrados de la Corte y otros funcionarios con mando y jurisdicción nacional, que son investigados y juzgados por la Corte o la Asamblea Nacional, que al renunciar a sus cargos la competencia es asumida por el Ministerio Público y jueces de circuito penal.El funcionario detalló que como se trata de una norma de procedimiento, esta sería “de inmediata aplicación para cualquier proceso”.
González advirtió que la aplicación de este tipo de normas siempre crea polémica entre los abogados, pero que el Órgano Judicial es el que está llamado a establecer su aplicación.
TRÁMITE EN EL LEGISLATIVO
El proyecto de Ley 245, que introduce cambios en el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Judicial fue llevado a la Asamblea por Ayú Prado en septiembre pasado.
Actualmente se encuentra en segundo debate, etapa en la que, de acuerdo con el reglamento del Legislativo, Ayú Prado no le puede introducir cambios. Sin embargo, Díaz argumenta que lo puede hacer a través de un diputado de la Comisión de Gobierno, instancia que está presidida por el perredista Pedro Miguel González.