¿Quién podrá defendernos?

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Quienes satanizan la política y los políticos no deben tener un minuto de paz en el infierno. Me refiero a quienes satanizan esa actividad, no a sus críticos.

No es justo poner en el mismo saco a políticos que se esfuerzan por mejorar las condiciones de vida de sus semejantes y aquellos predadores o aquellas réplicas de Caín que ingresan al terreno político para profanarlo. Como quienes medran en lo particular de los bienes públicos, ya sea desde la propia esfera pública o de la privada.

Tenemos hoy la responsabilidad de adecentar el ejercicio de la política, ejercicio noble e indispensable en sí. Nos corresponde conseguir la aprobación de normas anticorrupción que castiguen la omisión, como las que caracterizan entidades necesarias para la democracia como la Contraloría, la Procuraduría General y la Fiscalía Electoral, y además frenen el saqueo de las arcas públicas, como ha sucedido en distintas dependencias.

La impunidad es una peste muy severa en nuestra sociedad. Aunque sean tipificados como delitos actuares y comportamientos, no hay quién se encargue de procesar el eventual castigo. Se desarrolla un clima en el que se acentúa la podredumbre moral, y sobreviene el desencanto social frente a la institucionalidad, que debe regir la convivencia.

Somos un país de gente honesta y trabajadora, sin embargo, los escándalos son de tal magnitud que puede existir la impresión de que vivimos en la Gomorra bíblica.

Basta también de espejismos. Podemos mejorar las normas para atacar la corrupción que azota la vida patria, no obstante, este es el hábitat de las mismas personas, de 4 millones de habitantes.

La panacorrupción es producto de una genética social, que es preciso extirpar con conductas decentes y castigos severos, como han adoptado los hermanos de Costa Rica y Guatemala. A punta de fiscales y magistrados valientes y no acomodaticios.

Tenemos que repudiar la corrupción y los corruptos. No extenderles nuestra mano en el supermercado ni en el centro comercial.

Hace unos años el pueblo de Letonia, a orillas del mar Báltico, repudió la corrupción en un referendo fulminante. El 94% de los electores disolvió el Parlamento de 100 miembros.

En un mar de complicidades los diputados, en su mayoría, obstaculizaron la investigación de uno de sus colegas, magnate además, sobre quien pesan denuncias de enriquecimiento ilícito. Un dirigente político abrigó la consigna de extirpar la idea de que los letones integran un pueblo de codiciosos.

Disuelto el Parlamento había que elegir uno nuevo. Los candidatos, en su gran mayoría, fueron los antiguos diputados y demás políticos en ejercicio.

Si mañana se suscita algo así en Panamá, no serán extraterrestres los llamados a llenar ese vacío.

La institucionalidad y la justicia, por tanto, tienen que ser reinventadas y vigorizadas. Si existe un punto valioso de la administración anterior es que conocemos cuáles son las debilidades de nuestro sistema y, con acciones y normas, nos corresponde superarlas.

En la lucha anticorrupción esa administración demostró una especial anorexia.

Si la codicia se ensoñerea, sin justicia ni ley, el destino de Panamá será el despeñadero moral, económico y social. La corrupción no implica cambio, sino atraso, e impide la necesaria movilidad social, obligante en una nación que es campeona mundial de inequidad y en la que, a la par de rascacielos y multimillonarios, conviven personas, en más de un millón, en condiciones infrahumanas.

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