Lo que durante años fue un rumor persistente quedó al descubierto esta semana, cuando el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoció que personas que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad y elegibilidad se benefician de los programas de transferencias.
Un cruce de datos entre el Mides y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reveló que 8,010 beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada figuran con algún registro vehicular: 7,976 con placas de vehículos y 205 con cupos de transporte público, lo que activó un proceso de revisión.
Según los criterios oficiales, poseer un cupo de transporte constituye una causal directa de exclusión, al tratarse de una fuente comprobada de ingresos, mientras que la tenencia de una placa vehicular funciona como un indicador referencial que no implica una salida automática del programa, pero sí la apertura de una revisión.
La asignación anual
En medio de este nuevo hallazgo, surge una pregunta de fondo: ¿cuánto le cuestan al país, cada año, los programas de transferencias monetarias, como Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el bono alimenticio?
Entre 2019 y 2025, estas transferencias acumularon una asignación total de 1,580.1 millones de dólares, lo que evidencia la continuidad de este mecanismo dentro del gasto social del Estado. A lo largo de este período, los montos anuales presentan variaciones que reflejan ajustes en la política de transferencias dirigidas a poblaciones vulnerables.
En 2019, el programa contaba con 231.2 millones de dólares. Al año siguiente, la cifra se situó en 230.5 millones, y en 2021 alcanzó los 227.5 millones. Para 2022, el presupuesto se fijó en 224.2 millones, marcando un ritmo contenido, sin sobresaltos, en la asignación de recursos.
En 2023 se registró una asignación de 225.4 millones de dólares, seguida de 223.7 millones en 2024, en una oscilación que se mantiene dentro de márgenes estrechos, sin romper la inercia del período.
Para 2025, la proyección sitúa la asignación en 217.6 millones de dólares. Son cifras que, más que hablar de rupturas, dibujan una trayectoria continua, una forma de sostener el programa en el tiempo mientras se ajustan sus límites y alcances.
En paralelo, la cantidad de beneficiarios también cuenta su propia historia. En 2019, alrededor de 200 mil personas formaban parte de estos programas; hoy, la cifra ronda las 191 mil. Son rostros que entran y salen de las listas, en una dinámica que acompaña los cambios del sistema y redefine, año tras año, quiénes permanecen dentro de ese círculo de apoyo estatal.
Desorden y la depuración
A su llegada a la entidad, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, indicó que, de los cerca de 191 mil inscritos en estos programas, había unos 100 mil que no contaban con un estudio socioeconómico que certificara su elegibilidad para recibir esta ayuda.
De hecho, la ministra reconoció que, al inicio de la actual administración, los programas de transferencias monetarias condicionadas operaban con importantes vacíos en la información de sus beneficiarios, lo que limitaba la verificación de los criterios de elegibilidad.
“Desde que llegamos, encontramos falta de información. Mucho más de la mitad de nuestros beneficiarios no tenía ningún tipo de registro que certificara su elegibilidad para los programas”, afirmó.
Ante este escenario, la entidad inició un proceso de depuración y actualización de datos que, según la ministra, ya alcanza un avance significativo. “Ya llevamos el 85% del registro depurado, con toda la información que requiere cada uno de los beneficiarios, y seguimos en ese proceso”, explicó, al tiempo que destacó que el equipo técnico ha desplegado visitas en campo para verificar directamente las condiciones de quienes reciben la ayuda estatal.
La funcionaria también confirmó que este proceso ha implicado la exclusión de personas que no cumplían con los requisitos. “Claro que sí, y es eso… nosotros tenemos un recurso finito, y es eso lo que nos permite incluir a las personas que en realidad cumplen con todos los requisitos”, sostuvo, al subrayar que la depuración busca garantizar que los fondos lleguen efectivamente a quienes califican para los programas.
Gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han insistido, a través de los años, en la necesidad de replantear el esquema de subsidios estatales, proponiendo una revisión profunda que permita mejorar la focalización y reducir su alcance. Desde su perspectiva, el modelo actual no solo presenta fallas en la asignación de recursos, sino que además ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas.
El sector privado advierte que los niveles actuales de subsidio resultan difíciles de sostener en el tiempo y terminan configurando una carga significativa para el gasto del Estado.
