Durante años, los fondos públicos destinados a la capacitación de cúpulas sindicales fluyeron sin una rendición de cuentas clara. Esa práctica es ahora cuestionada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien asegura que organizaciones como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) recibieron recursos estatales durante años sin presentar informes sobre su uso.
“Antes de 2024 no presentaban informes; hoy, quien no entregue cuentas claras no recibirá un solo desembolso”, afirmó la ministra de Trabajo, quien también elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la fiscalización de estos fondos.
En su respuesta, emitida a finales de marzo de 2026, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, señaló que ambas organizaciones sindicales deben rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos, puesto que la autonomía sindical no constituye un cheque en blanco cuando se trata de fondos provenientes del presupuesto nacional.
Historia y montos
La historia de estos recursos se remonta a la creación del seguro educativo en 1971, un fondo nutrido por aportes de empleadores, trabajadores y trabajadores independientes. De este fondo, una parte específica se destina a la educación sindical, la cual es administrada por el Mitradel a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL).
Bajo la lupa se encuentra el artículo 1066 del Código de Trabajo, cuya modificación en 2010 elevó la partida anual a un total de 24 mil dólares. Este monto se distribuye en 18 mil dólares para Conato y 6 mil dólares para Conusi, entregados mediante desembolsos mensuales.
La rendición de cuentas exigida no es un trámite superficial; requiere la presentación de informes de gastos trimestrales acompañados de documentación que respalde las actividades realizadas. Estos reportes deben detallar los cursos, seminarios o conferencias efectuados, identificando a las organizaciones beneficiadas, las temáticas desarrolladas y el número de trabajadores participantes.
El brazo fiscalizador de la Contraloría también juega un papel clave en este esquema, ya que los fondos están sujetos a control previo y posterior.
La Procuraduría advirtió sobre las consecuencias de la opacidad, señalando que el incumplimiento en la entrega de informes provocará la suspensión de las partidas.
La auditoría
Además de estos aportes mensuales, la ministra explicó que existe un segundo mecanismo de financiamiento mucho más significativo: el Fondo de Capacitación Sindical, nutrido también con recursos del seguro educativo. Este fondo —detalló— distribuye anualmente entre 10 y 14 millones de dólares entre organizaciones sindicales, dependiendo de variables como el comportamiento económico y la recaudación.
De hecho, recordó que actualmente se desarrolla una auditoría que ha comenzado a dimensionar el alcance del problema: un informe preliminar detectó irregularidades que podrían alcanzar los 7 millones de dólares, correspondientes a manejos registrados entre 2012 y 2024.
La Contraloría informó el año pasado que realiza una auditoría para evaluar la correcta administración de los fondos del seguro educativo destinados a la capacitación sindical. La fiscalización abarca el período comprendido entre enero de 2012 y el 30 de junio de 2024.
“No puedo ser irresponsable entregando fondos públicos sin sustento legal”, afirmó, al dejar claro que su administración condiciona cualquier desembolso al cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
Los sindicatos
Marco Andrade, secretario de Conusi, rechazó los señalamientos del Ministerio de Trabajo y aseguró que la organización ha cumplido con la entrega de informes.
Sostuvo que, desde el inicio de este Gobierno, no se han desembolsado recursos del seguro educativo a Conusi. Andrade indicó que su organización ha presentado dos informes correspondientes a 2024 y uno de 2025, y subrayó que estos fondos —que también se asignan a entidades como el sector empresarial o el Ministerio de Educación— pasan por múltiples filtros antes de su aprobación.
Calificó la situación actual como una “persecución” contra organizaciones que han mantenido una postura crítica frente al Gobierno.
Se intentó obtener la versión de Aniano Pinzón, secretario de Conato, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
