Las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública de Panamá han experimentado un crecimiento sostenido en la última década, convirtiéndose en un capítulo significativo del gasto social del Estado. Entre 2015 y 2025, los desembolsos destinados a este rubro pasaron de $44.8 millones a $109.1 millones, lo que evidencia un incremento de más del doble en apenas 10 años.
El año 2015 marcó el inicio de esta serie con un monto de $44.8 millones. Durante los años siguientes, los incrementos fueron graduales: $46.5 millones en 2016 y $51 millones tanto en 2017 como en 2018, reflejando un patrón de crecimiento moderado y constante hasta 2019. Fue a partir de ese año cuando el gasto se disparó, alcanzando $73.1 millones de dólares, un aumento de $22.1 millones respecto al año anterior.
En 2020 y 2021, las jubilaciones especiales continuaron su ascenso, con montos de $75 y $84.3 millones de dólares respectivamente, consolidando la tendencia al alza. Para 2022, los desembolsos fueron de $85.3 millones, mientras que en 2023 se registró un salto importante hasta $97.8 millones, superando la barrera de los $90 millones por primera vez en la serie histórica.
El año 2024 marcó un récord en la historia de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública, con un monto de $117 millones, lo que representa un incremento de casi $20 millones respecto a 2023. A la fecha, en 2025, se han destinado $109.1 millones de dólares, cifra que aún podría aumentar al cierre del año, manteniendo la presión sobre el presupuesto nacional.
Sumando los montos desde 2015 hasta 2025, el Estado panameño ha destinado al menos $884 millones a las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública, cifra que refleja el peso de este beneficio en la planificación financiera y en la discusión sobre sostenibilidad fiscal. Analistas advierten que, de mantenerse esta tendencia, será necesario revisar las políticas de pensiones y jubilaciones especiales para garantizar un equilibrio entre el gasto público y la sostenibilidad del sistema.
Ley polémica
Las jubilaciones especiales de las fuerzas de seguridad han sido objeto de controversia, ya que la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, permite que sus oficiales —Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional Aeronaval— se jubilen luego de 30 años de servicio. Esto significa que pueden retirarse antes de la edad establecida por la ley de la Caja de Seguro Social (CSS): 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.
Estas jubilaciones están estrechamente relacionadas con la abultada planilla de la Fuerza Pública, que sigue una jerarquía de rangos. En la Policía Nacional, estos van desde agentes y cabos hasta subtenientes, tenientes, capitanes y mayores, llegando a niveles superiores como subcomisionados, comisionados y subdirectores. En el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), existen rangos similares, aunque con denominaciones ajustadas a sus áreas de especialización en fronteras y aeronáutica.
A su llegada al Ministerio de Seguridad, el ministro Frank Ábrego anunció que uno de sus objetivos era que, en los próximos tres años, 3 mil agentes adicionales salieran a las calles, sumándose a los casi 30 mil hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, el Senafront y el Senan.
Precisamente, uno de los temas discutidos durante la presentación de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional fue el renglón 001 de personal fijo. El ministro explicó que la solicitud de un incremento cercano a $40 millones responde a la incorporación proyectada de nuevas unidades: mil en 2026, mil en 2027 y mil más en 2028. Este plan busca compensar las jubilaciones anuales, que rondan las 800, y reforzar áreas críticas donde la delincuencia presenta mayor incidencia.
El Ministerio de Seguridad había solicitado para 2026 un presupuesto de $1,402 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó una asignación de $983,1 millones.
El rechazo
Las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública se han convertido en un tema polémico por sus beneficios excepcionales. En la Asamblea Nacional se han presentado al menos seis proyectos de ley en los últimos años con el objetivo de eliminar o modificar estas jubilaciones.
Este año, organizaciones como la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como sectores políticos y la sociedad civil organizada, se pronunciaron en contra del acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, la medida finalmente no avanzó.
El expresidente de Apede, Temístocles Rosas, advirtió sobre la creciente presión fiscal que generan estas jubilaciones en Panamá. Según Rosas, estos beneficios, concebidos para reconocer el esfuerzo de los estamentos de seguridad y quienes garantizan la seguridad del país, no fueron evaluados en el tiempo y hoy representan un peso significativo dentro del presupuesto nacional. Destacó la necesidad de revisar no solo las jubilaciones especiales, sino también los aumentos automáticos.
Rosas subrayó que la revisión de estas jubilaciones debe buscar un equilibrio entre justicia y sostenibilidad fiscal, evitando afectaciones importantes a los beneficiarios, pero considerando la realidad económica del Estado. “Apoyamos la revisión de dichas jubilaciones con condiciones de no generar un impacto negativo, pero también pensando en el presupuesto y la condición fiscal del país”, afirmó.
