Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI) solicitaron al presidente Juan Carlos Varela vetar un artículo del recién aprobado proyecto de ley 514 que establece la imprescriptibilidad para los delitos de peculado (en sus diferentes formas), corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.
Se trata del artículo 4 del proyecto donde se inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.
De acuerdo con estas organizaciones, piden que el mandatario lo vete por considerarlo contrario a la Constitución y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Solicitamos el veto del artículo 4 del proyecto de Ley 514. La colaboración eficaz es necesaria en la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/d0jTrL2L1Z
Solicitamos el veto del artículo 4 del proyecto de Ley 514. La colaboración eficaz es necesaria en la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/d0jTrL2L1Z
— Alianza Ciudadana (@AlianzCiudadana) April 5, 2018
"De sancionarse la ley todas las empresas que han colaborado no podrán ser contratadas por el Estado, lo que parece tener el objetivo de que no acepten la colaboración eficaz", destacaron.
Indicaron que están de acuerdo en que se inhabilite a las empresas y funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción, pero no a las empresas que colaboran de manera eficaz para que se descubra la corrupción, "ya que esto tendría un impacto negativo al desmotivar a las empresas y funcionarios a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos".
"De aprobarse esto sería un retroceso en materia de lucha contra la corrupción y contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción", aseguraron.
Explicaron que la figura del acuerdo de colaboración eficaz es "una herramienta fundamental" que permite que los entes encargados de perseguir el delito resuelvan casos con los testimonios de personas involucradas en un crimen, que de manera voluntaria colaboran brindando información para esclarecer el delito o determinación de los responsables, y que a cambio pueden o no recibir algunos beneficios ante el proceso judicial que enfrentan.
De esta manera, señalaron, se propicia una salida temprana del proceso penal para el colaborador y certeza de castigo a los responsables.
"Lo que se requiere en este momento no es castigar a los que colaboran, sino descubrir el modus operandi y las redes de corrupción que casi se han institucionalizado en este país", agregaron.