Alianza Ciudadana Pro Justicia cuestionó el acuerdo al que llegaron el magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna y el fiscal designado por la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González.
En un comunicado, Alianza Ciudadana dice que si bien es positivo que Moncada Luna se haya declarado culpable, "ya que esto nos garantiza que no regresará a la Corte Suprema de Justicia, para tranquilidad de toda la comunidad", hay otros puntos del convenio en los que no están de acuerdo.
"Debemos manifestar que tenemos sentimientos encontrados", destaca el comunicado.
Señala que a pesar de que durante la investigación se dio a conocer la incautación de $4.6 millones en cuentas bancarias y de tres automóviles, en el acuerdo se procede solamente al decomiso de dos propiedades por la suma de $1.7 millón.
Adicionalmente, el cálculo de la pena aplicada en este caso "no tomó en cuenta que la persona imputada era un magistrado de la Corte Suprema investigado no solamente por enriquecimiento injustificado sino por delitos de corrupción de servidores públicos. Tampoco se tomó en cuenta que el imputado no colaboró con la investigación en ningún momento".
De acuerdo a la organización, es "muy cuestionable" que en un proceso penal por enriquecimiento injustificado el fiscal acepte un acuerdo que permita dejar en poder de la persona que aceptó la comisión del delito, sumas millonarias de dineros mal habidos. "En este tipo de casos el agente de instrucción debe en defensa de los intereses colectivos realizar una profunda investigación que logre determinar la cuantía real del enriquecimiento y el decomiso de todos estos bienes", agrega la nota.
"Aun cuando se argumente que el Sistema Penal Acusatorio establece la figura del acuerdo, lo actuado en el caso Moncada no es lo que sucede en todos los acuerdos del sistema acusatorio", indica el comunicado.