La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, anunció hoy, 5 de marzo, que presentará modificaciones a la Ley N° 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la corrupción administrativa y que establece la obligatoriedad a algunos funcionarios de presentar declaraciones de bienes patrimoniales.
Con la propuesta, Antai busca incluir auditorías a las declaraciones al inicio y al final de la gestión de cada funcionario, incluir la información del grupo familiar y ampliar la base de servidores obligados a presentarla.
Maytín señaló que buscará incluir a los diputados, que en la actualidad se encuentran fuera de esta norma. Según la funcionaria, los servidores no solo deben presentar sus declaraciones antes de ocupar el cargo y después de salir de el, sino que deben ser “auditadas”.
Indicó que el equipo de la Antai se está encargando de plantear las modificaciones.
Fue durante el período de la expresidanta Mireya Moscoso que nació la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la corrupción administrativa. Las declaraciones de la funcionaria se dieron en una conferencia tras sus 100 días de gestión como directora de dicha entidad.
En la actualidad, poco fueron los funcionarios de la era del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que presentaron sus declaraciones de bienes patrimoniales.
Mientras que del actual gobierno que lidera Juan Carlos Varela, hasta ahora se sabe que han presentado declaración jurada el Alcalde capitalino, José Isabel Blandón; el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama; la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y el diputado José Luis Varela.
Fue durante el período de la expresidanta Mireya Moscoso que nació la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la corrupción administrativa.
Se había forjado al calor del debate suscitado por las voces que pedían transparencia en el gobierno de Pérez Balladares y entonces los candidatos presidenciales de la época prometieron transparencia.
La norma complementa el mandato de la Constitución, al ratificar que el notario deberá conservar la declaración jurada en sus protocolos y ordena al funcionario enviar copia de esta a la Contraloría.
El Código Civil en su artículo 1726 así lo dispone: “los notarios expedirán a cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen en el protocolo”.