La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) le solicitó a la Asamblea Nacional que le remita copias autenticadas de las planillas 172, 04 y 02.
La Asamblea, por su parte, requirió una prórroga de 30 días adicionales para "recopilar la información", según una nota del pasado 1 de agosto.
Esta es la tercera petición que efectúa la Antai al Órgano Legislativo, en la primera solicitó publicar la de contratos (172) en la web y cumplir con el fallo del habeas data otorgado por la Corte Suprema de Justicia a La Prensa, lo que nunca sucedió; y la segunda requirió la publicación del personal de confianza de los diputados (080).
"Me permito solicitarle en el término de la Ley, nos remita copias debidamente autenticadas de toda la planilla 172, y la No 04 y No 02, correspondiente a todo el personal adscrito a cada una de ellas, ya sea que se encuentre en forma permanente, eventual, por contrato o cualquier otro estatus que utilice este Órgano del Estado, para su denominación, ya que en la página web de la Asamblea Nacional, no se identifica en forma clara y desglosada, la información peticionada", dice la carta firmada por la directora general de la Antai, Angélica Maytín, recibida el pasado 6 de julio en la Asamblea.
La información requerida debe contener los estándares que toda planilla del sector público mantiene "es decir, nombre, apellido, número de cédula, cargo, salario, estatus, vigencia, así como cualquier otra información que resulte de relevancia para la entidad que usted preside", añade la misiva.
La planilla 04 corresponde al "personal transitorio para inversiones" y la 02 "personal transitorio sueldos". El año pasado, cada diputado dispuso de al menos un millón de dólares entre las planillas 080, la 172 y la 02, conclusión a la que se llegó con base en los presupuestos ejecutados de la institución y facilitados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Una pasada investigación de La Prensa evidenció que los contratos de servicios profesionales (planilla 172) se entregaban a personas de escasos recursos que no brindaban servicio alguno a la Asamblea y que por cambiar el cheque recibían entre 5 a 10% del monto del contrato. La diferencia retornaba al diputado gestor por medio del funcionario tramitador de la Asamblea.
La Contraloría se encuentra investigando estos contratos desde marzo 2017, pero aún no se saben los resultados de la auditoría.