El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles, 13 de enero, en segundo debate, el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (TE).
La propuesta recibió el voto favorable de los diputados a golpe de curul.
La norma, que ahora iría a tercer debate, establece que los magistrados que formen parte de esa institución quedarían blindados ante cualquier proceso al que sean sometidos en la Corte Suprema de Justicia.
En el artículo 25 de la propuesta se incluyeron una nueva prerrogativa para el juzgamiento a los magistrados.
Los magistrados del TE son investigados por el Procurador General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte.
La norma vigente dice: “los magistrados principales y los suplentes cuando estén habilitados no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...) De igual modo, no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para juzgarlos”.
El artículo propuesto modifica el artículo de la siguiente forma: “Procesos Penales. En la fase d e investigación y en la fase de juicio, corresponded al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautela restrictiva de la libertad del Magistrado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos. La sentencia que resuelva el fondo de la causa penal contra los Magistrados del Tribunal Electoral, serán adoptada por las dos terceras partes de los miembros del Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
El diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, defendió este artículo y dijo que lo que se ha hecho es introducir esta norma para equiparla con el mecanismo de investigación establecido contra diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, incluido recientemente en la llamada ley súper blindaje.
Detalló que en el caso de los magistrados del TE que son investigados por la Corte, las medidas cautelares no se aplicarían solo con la decisión de tres personas (tres fiscales) como ocurrió en el proceso seguido contra un magistrado de la Corte en la Asamblea, sino por las 2/3 partes del pleno de la Corte.
El documento también busca actualizar la ley que rige la institución, que data de hace 40 años, y al mismo tiempo separar de la norma lo relacionado con la Fiscalía General Electoral
“Después de 40 años se actualiza la ley, con el fin de que se detalle en blanco y negro las funciones tanto administrativas y jurisdiccionales que lleva a cabo el Tribunal”, dijo el magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
Explicó que la institución ha evolucionado y aplicado nuevas teconologías, como la firma electrónica. Además, ha descentralizado sus servicios, entre otras cosas. Aspectos que no aparecen en la ley.
“Con este proyecto hemos logrado plazas y actualizar todas estas funciones que se hacen el Tribunal”, agregó.
