El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó el pasado 26 de abril auto de sobreseimiento y archivo de un caso de envenenamiento con un jarabe para la tos que ha llevado a la muerte a cientos de personas en Panamá y en el que estaba implicada una mayorista de productos farmacéuticos de Barcelona, informó el diario El País.
El archivo ha sido recurrido no solo por la defensa que representa a los afectados, sino por el Gobierno de Panamá, a través de su Caja de Seguro Social.
En su recurso, Panamá habla de “inexplicable arbitrariedad” por parte del juez instructor, agrega el diario español. Tras dos años de instrucción, los afectados esperaban la apertura de juicio oral, que el juez Moreno ha descartado siguiendo la recomendación del fiscal.
Lo que se dirime en los tribunales españoles es si la empresa Rasfer tiene responsabilidad o no en haber aceptado un pedido de glicerina industrial, en vez de la glicerina para consumo humano que solicitó a China, y haberlo despachado a Panamá sin analizar el producto, explicó El País. El juez Ismael Moreno señala en el auto de sobreseimiento que la empresa “es una mera intermediaria comercial” y que “no estaba obligada a realizar análisis del producto”.
Sin embargo, en el recurso contra el auto de archivo, la parte demandante detalla que la empresa de Barcelona tenía pleno conocimiento de que la glicerina que recibió de China no era apta para consumo humano, pues no estaba etiquetada como tal. Además, la gerente de la empresa, Ascensión Criado, imputada por imprudencia grave con resultado de muerte, declaró ante el juez que no sabía que el encargo era para hacer un jarabe y que tampoco sabía que la glicerina enviada desde China era para uso industrial.
El abogado Alejandro Sanvicente argumenta que, aunque Rasfer no tenga la obligación administrativa de hacer un reanálisis de la mercancía, sí incurrió cuando menos en negligencia al reenviar a Panamá un producto que no era el que había pedido y con plena consciencia de ello.
